Las consecuencias de no suscribir el Pacto Global de Migraciones

La noticia sobre el cambio de posición que adoptó Chile en el último momento y que lo llevó a no suscribir el Pacto Mundial para la Migración impulsado por Naciones Unidas, abre una serie de interrogantes y preocupaciones de orden político a la vez que deja enormes dudas respecto de la real preocupación que tiene el gobierno por la protección de los derechos humanos de las personas. Las preocupaciones de orden político refieren al poder que podría estar teniendo la ultra derecha en Chile, y que habría llevado al país a alinearse con las políticas nacionalistas de gobiernos como el de Orban (Hungría), Salvini (Italia), Duda (Polonia) y Trump en Estados Unidos. Esto por cuanto las razones entregadas por el gobierno carecen de todo peso argumentativo, lo que plantea la legítima pregunta de qué es lo que lleva al país a rechazar el Pacto Global.

El subsecretario justificó el cambio en la postura de Chile a partir de tres elementos: el Pacto no distinguiría entre los derechos y obligaciones que le asisten a migrantes regulares e irregulares; otorgaría cierta flexibilidad en los procesos de regularización; y otorgaría beneficios a personas que emigran por desastres naturales.

En primer lugar, convengamos en que el texto estuvo disponible desde hace bastante tiempo, por lo que los reparos podrían haber sido esgrimidos con anterioridad. Sin embargo, al revisar la postura de Chile en esta materia observamos que el país -y el actual gobierno-  participó de todas las instancias de discusión del Pacto, aprobó el texto y nunca puso en duda su apoyo. Además, se mostró en completa sintonía con la necesidad de avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular. Tanto es así que el mismo Presidente ha citado esta frase central del Pacto Global en el proyecto de Ley migratoria que presentó a principios de este año, en las medidas administrativas adoptadas en abril de 2018 y en la discusión parlamentaria que se ha desarrollado a lo largo de este año. Ahora bien, respecto de los argumentos señalados, se trata de interpretaciones que se oponen incluso a lo que el mismo gobierno ha promulgado en el proyecto de Ley, ya que allí se establece que tanto los inmigrantes regulares como los irregulares, tendrán derecho y acceso a la salud y a la educación (algo que opera actualmente). Por lo demás, es el propio gobierno quien impulsó un proceso de regularización, permitiendo a miles de personas pasar de un estatus irregular a otro regular. Es decir, no hay nada distinto en el Pacto en materia de protección de los derechos de los migrantes, que Chile no esté haciendo actualmente.

La premisa más general con la que el gobierno intentó tomar distancia del Pacto es que considera que la migración internacional no es un derecho humano. Este punto hace parte de una discusión más extensa y compleja. La migración es un derecho puesto que es algo consustancial al ser humano. El problema es que los instrumentos internacionales y la mayoría de las legislaciones nacionales, si bien reconocen el derecho a la movilidad, no reconocen el derecho de ingreso a un país, resguardando con ello el principio de soberanía de los Estados a decidir a quien recibe y a quien no. Esta ambivalencia es resultado del choque entre el derecho a migrar y el principio de soberanía de los Estados naciones, cuestión que ha sido larga y profusamente debatido en la academia y las organizaciones sociales. De hecho, la molestia con Pacto desde muchos sectores es precisamente que no avanza en el reconocimiento de este derecho humano y que no es suficientemente enfático en asegurar los derechos humanos de los inmigrantes, sin importar su estatus legal. Entonces, el Pacto es más bien conservador y representa por ende, muy bien la postura que ha manifestado el Gobierno a través de su proyecto de Ley.

Lo problemático entonces es que al no suscribir el Pacto el gobierno da un paso más a la derecha de lo que él mismo ha venido sosteniendo. Este paso se traduce en dos elementos centrales. Por una parte, renunciar a un marco multilateral de acuerdo para abordar un fenómeno tan complejo como las migraciones, y privilegiar el camino de acuerdos binacionales poniendo en riesgo incluso la protección de los ciudadanos chilenos que viven en el exterior. Por otra, renunciar a un acuerdo más bien mínimo en cuanto a protección de derechos se refiere. Este punto es clave porque en materia migratoria existe una tendencia creciente por parte de los Estados a poner en duda, reducir o condicionar el derecho de los migrantes. En este punto el Pacto sólo establece lineamientos y propuestas que no son vinculantes y por ende exigibles. Que una aproximación más bien tibia a estos principios haya levantado las sospechas por parte del gobierno sólo significa que esta administración está dispuesta a retroceder aún más en el principio de igualdad que asiste a todas las personas que habitan el territorio nacional.

Así las cosas, lo que llevó al actual gobierno a cambiar su posición y no apoyar al Pacto pareciera ser el fortalecimiento de una ideología nacionalista que busca reforzar la soberanía estatal frente a los cambios que genera la globalización y renunciar a relevancia que tiene la protección a los derechos de todas las personas. Este argumento sumado a los réditos políticos de este tipo de discurso, es una pésima señal para la discusión del actual proyecto de Ley.