Uno de los temas más relevantes de la semana fue, sin duda, el desenlace (in) esperado de la acusación constitucional que iniciaran parlamentarios del Frente Amplio y algunos de la ex Nueva Mayoría en contra de tres ministros de la Corte Suprema que decidieron dar libertad condicional a un grupo de condenados por delitos de lesa humanidad, que finalmente fue desechada en el fondo y, en consecuencia, su tramitación llegó a su fin. Varias lecciones y reflexiones deja a su haber.

Respecto al proceso, si bien el rechazo de la cuestión previa fue el único resultado favorable que consiguieron quienes acusaban, no deja de ser relevante lo sucedido y, en consecuencia, se desestimaran los fundamentos que intentaban hacer caer la acusación a partir de un cuestionamiento a las atribuciones del legislativo para llevar adelante el proceso. Esto es importante, porque fue desestimado un argumento utilizado por los detractores de la acusación, que señalaba que esta iniciativa buscaba que un poder del Estado interviniera en otro poder del Estado, lo que en la práctica fue descartado. Lo anterior significa que se reconoce en el parlamento el poder de ejercer accountability horizontal (o interinstitucional), lo que es un correcto ejercicio de check and balances o de pesos y contrapesos entre poderes del Estado que deben controlarse entre sí, sin que ello signifique necesariamente una intervención inadecuada. Esto es un principio fundamental de una democracia de calidad. Una acusación similar había ocurrido en 1992 contra un juez de la corte suprema y la estantería de nuestra democracia no se vino abajo por eso.

En relación al fondo, si bien todo hacía presagiar que la acusación se perdería, lo cierto es que dejó un tema relevante en la agenda que debiera ser tomado por el conjunto del mundo político, que señala que a los crímenes de lesa humanidad no se les puede aplicar criterios de la justicia ordinaria. En efecto, si hay algo que ha quedado en la agenda pública, mas aún en un mes donde el tema de la memoria y los derechos humanos ha vuelto con fuerza a la discusión pública, es que bajo ningún punto de vista la impunidad en este tipo de delitos es aceptable. En tal sentido, parece una oportunidad relevante volver a revivir el proyecto de ley que está actualmente en comisión mixta y que busca precisamente abordar el tema de las libertades condicionales y generar una regulación especial para los condenados por violaciones a los derechos humanos. A esto todos los sectores políticos debieran estar dispuestos en momentos donde es importante mostrar vocación irrestricta por la defensa de la democracia y los derechos humanos que tanto nos ha costado construir.

Si la acusación constitucional era o no buena idea, quedará para las discusiones posteriores de los partidos y analistas. En lo personal creo que estos instrumentos que otorga la constitución deben ser usados siempre con extrema cautela, no sólo en un cálculo respecto a la correlación de fuerzas para llegar a puerto, sino que porque son parte de una excepcionalidad que debe estar bien fundamentada para evitar un daño a la institucionalidad, mas aun considerando que su uso tiende, inevitablemente, a polarizar y crispar el ambiente.