SEÑOR DIRECTOR:

La entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos -el cambio más relevante en décadas en materia penal en Chile- advierte incertidumbre en el mundo empresarial y pocos entienden aún la dimensión real de lo que ésta significa, su impacto en la dirección de las empresas y cómo cumplirla.

Quienes creen que es voluntario se equivocan. Algunos no le dan prioridad porque no se fiscaliza, sin darse cuenta de que estamos hablando de delitos; esto es penal, es decir, uno puede irse preso de no cumplirla. Y otros creen que es sólo para las grandes empresas, otro error, ya que es para todas, independientemente de su tamaño o facturación.

La norma no deja espacios para la ignorancia y negligencia, pues tendrá serias consecuencias económicas, reputacionales y penales para dueños de empresas, directores y ejecutivos, entre otros.

La ley chilena, a diferencia de otros países OCDE, establece que aquellas organizaciones que hayan implementado un modelo de prevención de delitos de manera efectiva, podrán eximirse de responsabilidad penal y esa es una buena noticia. Es necesario que nos interioricemos en estos modelos y entendamos qué significa que sean efectivos y los efectos, si no lo son.

Juan Carlos Hayes

Socio de G100 y Director Ejecutivo de Hayes & Corp