SEÑOR DIRECTOR:
El Senado ha dado un paso importante aprobando 13 de los 14 puntos del veto presentado por el Ejecutivo. Sin embargo, a nombre de Chile Vamos, el senador Felipe Kast anunció que presentarán un nuevo proyecto legal para insistir en que haya cárcel para la usurpación en Chile.
La tipificación como delito de las ocupaciones, sin mayor gradualidad de las penas, pierde de vista un punto clave: la experiencia internacional de México, Colombia y Brasil indican que lo prioritario es regularizar y atender a las causas de fondo de la ocupación irregular.
En Chile, según el catastro del Minvu 2022, existen 1.091 campamentos, los que albergan a 71.961 hogares, 31% de los cuales son migrantes.
El aumento de los campamentos se debe al alto costo de la vida, sobre todo en arriendo. El 47% de las personas en campamentos se encuentra en esa situación debido al alto costo de los arriendos, que representa el 60% del ingreso familiar en Chile, el más alto entre los países de la OCDE.
No solo enfrentamos un importante déficit de vivienda, que según la Cámara Chilena de Construcción en el 2017 alcanzaba 2,2 millones de personas, sino también dificultades para que la población pobre y/o migrante acceda a la vivienda propia o a pagar un arriendo para vivir dignamente.
Ambos hechos son el fondo del problema de las usurpaciones y lo que no podemos perder de vista en el debate: una ley que criminalice, sin una decidida política pública de vivienda con un fuerte componente de equidad, solo puede generar violencia en el largo plazo.
Mayarí Castillo
Centro de Economía y Políticas Sociales U. Mayor
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