Columna de Pilar Larroulet y Javier Wilenmann: Los potenciales efectos devastadores de legislar a ciegas

La Comisión de Seguridad del Senado ha aprobado en general un proyecto que puede tener efectos profundos, pero devastadores, en el sistema penal y la seguridad en Chile. El proyecto en cuestión, entre muchas otras cosas, cambia la extensión de las penas privativas de libertad en sus estadios más bajos. Todas aquellas que tienen una duración inferior a un año pasan a tener esa extensión. El proyecto declara que realiza esto para aumentar el efecto disuasorio de las penas y evitar un (supuesto) efecto criminógeno de las penas de baja duración.

Sobre los problemas graves que tienen estas premisas ya se ha discutido largamente, incluyendo una carta de más de 100 penalistas y criminólogos criticando el proyecto. Aquí nos interesa destacar una dimensión problemática que es francamente desconcertante que no haya sido ni siquiera advertida: los efectos que tendría el proyecto en la población carcelaria si se aprobara y funcionara como este supone.

Para simular el efecto en la población carcelaria, reconstruimos la variación de la población penal a partir de la información individual de ingresos y egresos entregado por Gendarmería entre 2007 y 2018 – por efecto de la pandemia, los datos han pasado a ser poco confiables con posterioridad. Esa reconstrucción permite observar muy de cerca la variación de la población penal chilena y la distribución del tipo de delitos por el que se encuentran cumpliendo penas (o en prisión preventiva) sus internos. El stock de la población penal real varió entre 52 mil y alrededor de 38 mil internos en promedio durante los años de interés. El stock de la población penal se concentra en delitos graves, incluyendo robos y otros delitos violentos.

¿Qué habría pasado de estar vigente el proyecto en cuestión? Simulamos este escenario haciendo solo uno de los cambios previstos en el proyecto: cambiamos la fecha de todo egreso respecto de cada condenado que estuvo menos de un año en la cárcel por un un año. Todo lo demás lo mantuvimos constante. Los resultados son demoledores. La población penal habría variado entre 82 mil y alrededor de 50 mil presos. En los hechos, la ley habría aumentado en un 30% la población penal. Y ello lo habría hecho sin afectar mayormente el número de presos por delitos graves, sino que la gran mayoría de la población penal se habría concentrado en delitos menores no violentos, como el hurto. Las tasas de encarcelamiento chilenas se habrían encontrado entre las más altas del mundo y con una distribución irracional de sus internos. Vale decir, además, que con una población penal de esta magnitud, la intervención de los internos que propone el proyecto se hace inviable.

La simulación la realizamos de un modo simple. Es probable que ella no alcance a cubrir por completo el efecto del proyecto de ley, porque no considera los otros cambios (ante todo procesales) que incorpora el proyecto y porque los registros de Gendarmería a veces tratan como interno por prisión preventiva a sujetos que estaban condenados. Pero ello permite ilustrar la magnitud de este efecto.

Los autores del proyecto tal vez dirían que nuestro ejercicio no toma en consideración el efecto sobre el delito. Optimistamente, podrían decir que su proyecto disminuiría la cantidad de delitos y, con ello, la población carcelaria no aumentaría como nosotros simulamos. Creemos que ese argumento optimista no se deja fundar en la información empírica. Basta con analizar la extensa discusión dada en Estados Unidos donde se implementaron políticas similares a partir de mediados de los 70 (Travis et al., 2014). En cualquier caso, el impacto en delito será menor y decreciente a medida que aumenta una población concentrada en delitos menores. Pero, incluso habiendo un impacto en las tasas de criminalidad, la literatura muestra que la población carcelaria y la producción del sistema penal no se ajusta a la demanda (cuantos delitos se cometen) sino que a la oferta (cuanto puede producir el sistema).

Los efectos de un proyecto de esta clase serían devastadores. La cárcel tiene efectos demoledores demostrados cuando se aplica masivamente: aumenta el impacto criminógeno en sus condenados, pero también en sus familias y comunidades. Peor, un aumento de esta clase probablemente no podría ser soportado por el sistema chileno, que tendría que adaptarse limitando otras formas de ingreso a la cárcel y eliminando todo tipo de penalidad asociada a delitos menores. El proyecto pone así en riesgo la distribución racional del uso de la cárcel.

Por Javier Wilenmann, doctor en Derecho Penal, profesor Universidad Adolfo Ibáñez; y Pilar Larroulet, doctora en Criminología y Justicia Criminal, profesora U. Católica de Chile