SEÑOR DIRECTOR:
Recientemente, la publicación de la Encuesta Suplementaria de Ingresos del INE nos recordó problemas persistentes en el mercado laboral que obstaculizan el desarrollo: los salarios reales apenas crecen y las disparidades de género se mantienen.
Debido al tímido avance en los ingresos que vimos en 2023, la brecha de género de la masa salarial bajó marginalmente a 23,3%. Es decir, las mujeres siguen ganando un quinto menos que los hombres.
Estos datos se condicen con una informalidad femenina que aumenta y un empleo cada vez más precario. Además, persisten las diferencias salariales según el nivel de educación, siendo más pronunciadas en personas con educación técnica. A nivel regional, solo en siete regiones la desigualdad disminuyó, y la brecha salarial es más alta en Antofagasta, que tiene el ingreso medio más alto del país.
El país parece estancado, el avance varía según el territorio, y los incentivos para lograr condiciones de trabajo equitativas están mal diseñados. Aunque existen iniciativas, los datos muestran que la ley de igualdad de remuneraciones, promulgada hace 15 años, no tuvo un impacto significativo.
Es crucial avanzar hacia medidas que alineen los incentivos, de modo que contratar a una mujer no implique mayores costos para los empleadores. Ejemplos de estos “impuestos” al trabajo femenino son la legislación de sala cuna vigente y la diferencia en los postnatales de hombres y mujeres, entre otros factores que, corregidos, permitirían reducir estas disparidades.
El escenario actual introduce además nuevos obstáculos. La inseguridad acentúa las desigualdades, ya que los riesgos para las mujeres son mayores. A ello se suma un estancamiento que frena el desarrollo y la reducción de la pobreza. La clase política debería priorizar iniciativas que igualen las condiciones en el mercado laboral, o al menos desechar aquellas que siguen incrementando los costos de contratar mujeres frente a los hombres.
Más claro... echarle agua.
Carolina Abuauad
Investigadora asociada de Fundación P!ensa
