SEÑOR DIRECTOR:
La encuesta especial 87 del Centro de Estudios Públicos (CEP) deja más de un elemento para el análisis a la hora de conocer la percepción del mundo mapuche frente a la coyuntura social.
El estudio, que consultó a 2 mil 915 personas del Biobío a Los Lagos, ayuda a poner en perspectiva y, por qué no, a desmitificar el sentir mapuche en momentos clave para el país, ad portas del plebiscito de salida y en un escenario de profunda crispación, donde la mirada polar de las cosas pareciera instalarse como regla.
El primer insumo que salta a la vista, es la extendida sensibilidad chileno-mapuche. Por cierto, el 45% de la muestra mapuche se declara “chileno y mapuche al mismo tiempo”, creciendo notablemente desde las mediciones de 2006 (21%) y 2016 (39%).
En otro ejemplo que derriba preconcepciones, el 48% de los encuestados identificados como mapuche afirma que Chile debe ser un “Estado nación donde conviven las personas sin distinción de culturas, pueblos o naciones”. Ello, en desmedro del 12% que se inclina por la definición de un “Estado plurinacional”.
Asimismo, nada más lejos del prejuicio y el desconocimiento histórico, los encuestados mapuche reafirman su vocación de paz en el instrumento del CEP, aseverando en un 59% que no se justifica nunca el uso de fuerza para reclamar tierras; lo cual no quita que, en un 30%, sostengan que el principal dispositivo de compensación debe ser la restitución territorial.
Y si se trata de mecanismos para avanzar en una solución para el conflicto, acá nos encontramos con una profunda coincidencia. Lo dije en sesión especial del Senado y en la Comisión de Seguridad de la Cámara: necesitamos diálogo y seguridad para salir de la inmovilidad y la mera reacción ante la violencia. El mundo mapuche también lo cree, y demanda en un 55% “diálogo entre todos los grupos en conflicto”, pero también “mayor presencia de carabineros” (23%).
Desde esa convicción hemos actuado en el Gobierno Regional del Biobío, primero a partir de la intuición política y ahora provistos de datos. Con los pies puestos en el territorio, y continuando con nuestra política de parlamento, exhortamos al gobierno de Chile a perseverar en ambas líneas y a no cejar frente a las presiones de vocerías que se arrogan una representatividad cuando menos dudosa.
Proveer de seguridad es cuidar la democracia; apostar por el diálogo un deber. Escuchar a los actores locales y hacer uso de la evidencia es un mínimo exigible para vislumbrar una salida ante una situación crítica, que no admite dilataciones ni titubeos.
Rodrigo Díaz Wörner
Gobernador regional del Biobío
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