Negociadores sin acuerdo país

SEÑOR DIRECTOR:

Esta semana ha estado marcada por los acuerdos frustrados en materia constitucional. Las posiciones parecieran oscilar entre aquellos que quieren un organismo 100% electo encargado de resolver la discordia constitucional, otros que prefieren una fórmula mixta entre expertos y electos y, por último, aquellos que creen que es el propio Congreso el que debiera utilizar sus atribuciones para abordar esta materia.

Sin embargo, más allá de la cuestión en particular, el fracaso en llegar a acuerdos ha estado marcado por un problema más de fondo: pareciera que no hay un proyecto país entre los negociadores. Por un lado, el oficialismo tiene uno, que fue derrotado rotundamente por la ciudadanía en el plebiscito. La estrategia del gobierno de aunar su propio destino con el de la propuesta de nueva constitución le ha propiciado una herida grave, que lo tiene dando manotazos de ahogados. Algunas señales -siempre muy pocas y contenidas- de haber acusado recibo del 4 de septiembre, y otras en que lo interpretan como un tropiezo y buscan prontamente alternativas para seguir con las mismas ideas que proponía la Convención.

El gobierno y el oficialismo tienen un rol crucial, pero más importante aún, tras el resultado del plebiscito, debiera ser el rol de la oposición. Esta tuvo la capacidad de conectar con la gran mayoría de la ciudadanía y, restringirlo solamente al diagnóstico de esa propuesta en concreto es un error. La oposición se sienta a la mesa a negociar con el 62% que le dijo que no al proyecto del oficialismo.

Es por eso que no se entiende que no haya un proyecto país, ni en la forma, ni en el fondo. ¿Alguien sabe qué está queriendo conseguir la oposición con sus planteamientos en el acuerdo? ¿Qué principio está buscando que prevalezca? ¿Es acaso una mera cuestión procedimental lo que nos impide el acuerdo?

Esto es aún más evidente cuando otro grupo, aunque pequeño aún, sí logra transmitir que tiene una idea de fondo en disputa. Amarillos por Chile se la ha jugado por una posición para defender la legitimidad de las instituciones, señalando que el Congreso no solamente tiene la atribución, sino que además la obligación de hacerse cargo del proceso.

Finalmente hay una pregunta que debería resolverse en estas conversaciones. Si se crea un organismo que comete los mismos errores que el proceso anterior, ¿vamos a seguir eternamente creando otro hasta que una propuesta sea aprobada? Chile no se merece esta desprolijidad.

José Francisco Lagos

Director ejecutivo Instituto Res Publica