SEÑOR DIRECTOR:

En medio del debate sobre la Ley de Usurpaciones, una pregunta emerge con fuerza: ¿Por qué tanto el gobierno como la CAM se oponen a esta legislación?

El gobierno, en un intento por distraer la atención, despliega una cortina de humo para encubrir una verdad incómoda: el veto a la Ley de Usurpaciones favorece a grupos terroristas y crimen organizado. Lo que está en juego es la acción impune de estos grupos, no un enfrentamiento entre civiles.

En cuanto a la legítima defensa privilegiada, la posición del gobierno parece favorecer a los delincuentes. Curiosamente, las usurpaciones suelen ser perpetradas contra propietarios o familias solas, incapaces de reunir apoyo. Esto no debe confundirse con el uso de armas, que constituye otro delito. La solución es evidente: la policía, bajo control gubernamental, debe intervenir de forma rápida, detener y que hayan penas de cárcel para los responsables. Sorprende que el gobierno se resista a estas acciones.

Es paradójico que tanto la CAM como Aucán Huilcaman digan que esta ley los perjudica y, en su desesperación, acusen una supuesta violencia por parte de quienes en realidad son víctimas. Mismo argumento del Ejecutivo para justificar su veto.

Necesitamos un gobierno que priorice los problemas reales y que actúe con firmeza contra la delincuencia. No podemos permitir que se extravíe en disquisiciones teóricas mientras ignora los desafíos que enfrentamos.

Patricio Santibáñez

Presidente Multigremial Araucanía