SEÑOR DIRECTOR:

El no pago de pensiones de alimentos vulnera tanto los derechos de niñas, niños y adolescentes como de las madres, quienes finalmente cargan con toda la responsabilidad de cuidar y mantener. El incumplimiento de este deber constituye indudablemente un problema para la sociedad en su conjunto, pues la protección de la infancia y la promoción de la justicia son compromisos ineludibles para la construcción de una sociedad mejor, lo que refleja la deuda que el Estado tiene en este tema como garante de los derechos.

El debate de los retiros de fondos previsionales volvió a poner sobre la mesa la discusión, dando cuenta de la profundidad del problema.

Por esto, es muy importante y representa un gran avance el proyecto de ley aprobado por unanimidad en ambas cámaras del Congreso y que establece por primera vez un mecanismo de pago especial de alimentos adeudados, permitiendo a los tribunales conocer la información financiera de los deudores y, según sea el caso, ordenar el pago mediante los fondos previsionales de cuentas obligatorias, teniendo como consideración el tiempo que le falta al deudor para jubilar.

El mecanismo propuesto por el gobierno es el resultado de un diálogo transversal, un acuerdo que incorporó una iniciativa parlamentaria y escuchó voces de la sociedad civil y de las diferentes bancadas en el Congreso. Se trata de un compromiso con la infancia y la igualdad de derechos que hemos asumido de forma transversal entre todos los sectores políticos. Es una muestra de que el diálogo, cuando pone los intereses y necesidades de la ciudadanía por delante, rinde frutos.

Carolina Leitao

Alcaldesa de Peñalolén