Polémica suspensión de parcelaciones

La decisión del Ministerio de Agricultura en orden a suspender en todo el país los loteos en suelos agrícolas que no se ajusten a lo que establece un antiguo decreto, elude el problema de fondo, en cuanto a la mayor demanda por vivir fuera de las ciudades. Más que prohibiciones, esto requiere de una nueva legislación.




El explosivo aumento en los últimos años de las solicitudes de subdivisión de predios rurales al amparo del antiguo DL 3.516, que permite dividirlos en extensiones de no menos de media hectárea, motivó que el Ministerio de Agricultura oficiara a las direcciones regionales del Servicio Agrícola Ganadero para que suspendiera los procesos de solicitud de subdivisión en la medida que presumiera que estos apuntan a un cambio del destino rural a habitacional de los lotes, vulnerando los artículos 55 y 56 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Lo ocurrido generó fuertes reacciones -incluso a lo que en primer momento se entendió como prohibición de certificar, algo cuestionado incluso por algunos parlamentarios oficialistas- por cuanto son muchas las solicitudes en curso -se esperaba que este año llegaran a 20.000- y muchas también las iniciativas que se han desarrollado en estos 42 años de vigencia de la referida normativa. Si bien es claro en ella la prohibición expresa de cambiar el destino agrícola, ganadero o forestal a un uso urbano, la proliferación de proyectos dando respuesta a la demanda ciudadana de buscar mejorar su calidad de vida en la práctica ha generado en muchos casos usos habitacionales, más que de continuidad con el destino que inspira la ley. En los últimos años, el fenómeno del teletrabajo potenciado por la pandemia, como asimismo la escasez -y por lo tanto un mayor precio- del suelo urbano, han generado una presión adicional para instalarse en zonas rurales.

Sin perjuicio de que son atendibles las razones de la autoridad en cuanto al impacto que esta urbanización a ratos descontrolada puede producir en los sistemas agroproductivos, el ecosistema y los equilibrios socio ecológicos de las localidades por la mayor carga vial producto del aumento de residentes, la falta de disponibilidad de agua potable, una mayor demanda de los servicios de la comuna y a la necesidad de una adecuada observancia de la normativa, tampoco cabe desconocer que hay una realidad frente a la cual el camino de las restricciones y prohibiciones parece no ser el adecuado, mucho menos cuando estas se adoptan en forma uniforme, sin tomar en consideración las múltiples realidades a lo largo del país. Tampoco podría obviarse que si la población está dispuesta a pagar más por terrenos con destino habitacional que con fines agrícola, quiere decir que hay mayor demanda y preferencia por los primeros, asunto que no se resuelve con decretar un congelamiento de facto de los loteos.

Más allá de las infracciones que se hayan cometido, lo ocurrido da cuenta de una planificación territorial y urbana deficiente, que no ha permitido anticiparse o aportar las herramientas para enfrentar oportunamente un fenómeno que no ha sido de ocurrencia instantánea, sino que más bien ha respondido a un largo proceso, donde voces de alerta no fueron atendidas. Este proceso requiere claramente de un nuevo marco normativo, que permita una planificación que responda adecuadamente a las necesidades ciudadanas -tanto de quienes buscan trasladarse como de quienes ya residen en dichas comunas-, preservando a su vez aquellos terrenos que se estimen fundamentales para fines agrícolas.

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