Mientras muchas economías desarrolladas de la OCDE tienen un endeudamiento público que supera el 100% del PIB sin mayores problemas, Chile se autoimpone un límite de deuda en torno al 45% del PIB, como insistentemente señalan, entre otros, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Para un ciudadano promedio, esto parece un exceso de cautela que frena la solución de urgencias sociales: con mayores recursos prestados podríamos hacer frente a tantas necesidades insatisfechas. ¿Es el CFA irracionalmente prudente? Si bien el 45% no es una cifra mágica, constituye un límite razonable a la política fiscal chilena.

Los inversionistas internacionales que prestan a Chile, EE.UU. o Nigeria ven estos “créditos” en formas muy diferentes, así como un banco comercial ve diferentes a personas o empresas con diferentes niveles de solvencia. La billetera fiscal chilena depende críticamente de la volatilidad del precio del cobre, un factor externo que no controlamos. Inevitablemente, esto conlleva pagos más inciertos en el futuro. En contraste, los países desarrollados tienen economías más diversificadas y estables.

Por otro lado, a diferencia de potencias como Estados Unidos o la zona euro, Chile no emite una moneda de reserva global. Nuestra deuda no está en nuestra propia moneda, a diferencia de estos países, y si estuviera, es dudoso que existiera una demanda significativa por esta. Pese a los eventos geopolíticos del último tiempo, los mercados demandan bonos del Tesoro estadounidense como activo de refugio, mientras que las emisiones de deuda fiscal chilena no generan la misma seguridad. Por ello, superar ciertos umbrales de deuda en nuestro contexto no solo encarece el crédito, sino que puede gatillar una fuga de capitales ante mayor incertidumbre institucional o caídas en el precio del cobre. ¿Quisiéramos un escenario diferente? Por supuesto, pero cambiar estas circunstancias conlleva un esfuerzo de largo plazo, cuyos frutos verían nuestros hijos o nietos. La política fiscal debe ser realista y asumir nuestras limitaciones hoy.

El CFA estima que el 45% de deuda pública nos da un margen de maniobra ante eventos externos y desastres naturales o sanitarios. Agotar la capacidad de endeudamiento en tiempos de normalidad es una mala política. Si el Fisco vive al límite de su capacidad crediticia, carecerá de herramientas para reaccionar ante la próxima crisis, dejando a los grupos más vulnerables sin protección social cuando más la necesitan. Además, existe un costo de oportunidad tangible: a mayor deuda, mayor pago de intereses, a tasas de interés cada vez mayores. Hoy, Chile destina miles de millones de dólares anuales solo al pago de intereses, recursos que se dejan de usar en gasto social como salud, seguridad o vivienda.

La regla de balance estructural bien aplicada es una política de Estado clave, que permite al Fisco gastar con prudencia en momentos de auge y apuntalar la recuperación económica en recesiones. Un beneficio de esta rigurosidad es un Fisco percibido como un pagador de bajo riesgo, al cual, por ende, se le presta a tasas bajas. Esto reduce el costo de financiamiento del mismo fisco, lo que se transmite a todo tipo de créditos para personas y empresas. Por el contrario, ser visto como un deudor poco fiable (como ha sido por años la tónica de muchos países de América Latina) implica serias dificultades de financiamiento para el gobierno, que terminan dañando el crecimiento económico, e incluso generando presiones inflacionarias. Una política fiscal sin reglas deja a la ciudadanía indefensa frente a un gobierno que podría preferir dar un impulso desmedido a la economía en el presente, motivado por fines electorales de corto plazo, dejando lamentables efectos para el futuro: mayores tasas de interés, inflación y desempleo.

En suma, la prudencia fiscal no es una imposición de instituciones insensibles a las necesidades de la ciudadanía, sino el reconocimiento de que las políticas económicas deben abordar las políticas públicas con un horizonte de largo plazo, con responsabilidad, independientemente del gobierno de turno. La soberanía económica real tiene que equilibrar las necesidades del presente y la sostenibilidad futura.

Por Benjamín Villena R., Académico Instituto de Políticas Económicas UNAB