Cada verano, Chile vuelve a enfrentar incendios forestales, cada vez más extensos, intensos y socialmente dañinos. Durante años hemos venido explicando junto a mi colega Dr. Gustavo Saiz, investigador asociado de la Facultad de Ciencias de la UCSC, que no se trata solo de condiciones climáticas adversas. Aumento de temperaturas, sequías prolongadas y vientos intensos crean el escenario, pero son los factores estructurales los que permiten que el fuego se transforme en catástrofe: una presión humana creciente que multiplica los focos de ignición y paisajes rurales dominados por grandes extensiones de combustible homogéneo. En esas condiciones, basta una chispa para que un incendio forestal escale rápidamente, poniendo en riesgo a poblaciones completas.

Los incendios que enfrentamos hoy no son idénticos a los de hace una década. Es la misma amenaza, pero amplificada por cambios territoriales y productivos. El avance de monocultivos forestales continuos, que cubren cerca de un tercio de las regiones del Biobío y Ñuble, la expansión de viviendas en zonas de interfaz urbano-rural y la replantación reiterada de áreas previamente quemadas con las mismas especies, han configurado paisajes altamente inflamables. A esto se suma el abandono de terrenos con vegetación invasora y combustible fino. Cuando múltiples focos se activan en simultáneo, los recursos de combate se vuelven insuficientes, por más tecnología aérea o terrestre que se disponga.

Uno de los impactos menos visibles, pero más persistentes, ocurre bajo nuestros pies. Los suelos afectados por megaincendios pierden nutrientes, estructura y estabilidad, expuestos a procesos severos de erosión. Tras el verano llegan las lluvias, y con ellas la escorrentía superficial que arrastra capas completas de suelo fértil, produciendo aluviones.

Chile ha avanzado en políticas de respuesta y extinción, y existen valiosas guías de autoprotección elaboradas por organismos como Conaf y el Centro Nacional de Conservación y Restauración. Sin embargo, estas herramientas siguen siendo poco conocidas y escasamente incorporadas en la vida cotidiana de las comunidades expuestas. La política pública continúa centrada, en gran medida, en apagar incendios, cuando la evidencia muestra que el mayor margen de acción está en la prevención. No podemos controlar el clima ni eliminar por completo las igniciones, pero sí reducir el riesgo gestionando la cantidad y distribución del combustible en los paisajes rurales.

Asumiendo que los incendios seguirán ocurriendo, la pregunta es qué priorizar. Proteger vidas humanas exige una población informada, preparada y consciente. Pero también requiere repensar el territorio.

Desde hace años proponemos avanzar hacia paisajes rurales tipo mosaico, con usos de suelo diversos, discontinuidades de vegetación y barreras naturales que dificulten la propagación del fuego. Esta estrategia, aplicada con éxito en otros contextos de clima mediterráneo (Portugal y España), debe ir acompañada de educación en prevención y de una revisión profunda de las políticas de ordenamiento territorial y manejo forestal.

Seguir haciendo lo mismo y esperar resultados distintos solo garantiza que el próximo verano volveremos a lamentar pérdidas evitables. Educar, planificar y prevenir no es opción: es la única vía responsable frente a una amenaza instalada.

Por Sergio Contreras Q., Director del Dpto. de Química Ambiental de la Facultad de Ciencias de la Universidad Católica de la Santísima Concepción