El sistema educativo chileno enfrenta hoy múltiples desafíos: problemas persistentes en asistencia, estancamiento de los aprendizajes y una cobertura aún insuficiente en educación parvularia. En este contexto, el Congreso ha iniciado un nuevo período legislativo y, con ello, comenzaron también las presentaciones de los distintos ministerios. Este martes fue el turno de Educación.

En un escenario de estrechez fiscal y luego de políticas mayormente enfocadas en educación superior, el nuevo gobierno anunció una agenda con foco en escolar y parvularia. Entre sus principales ejes se encuentran mantener a los estudiantes dentro del sistema, mejorar la asistencia y reducir la suspensión de clases; generar un ambiente propicio para los aprendizajes; y más oportunidades de calidad.

De las propuestas en educación parvularia destaca el diseño e implementación de un plan de cumplimiento para avanzar hacia la meta de reconocimiento oficial —requisito cuyo plazo fue extendido hasta 2034 con la ley que moderniza la oferta en este nivel, junto con el desarrollo de un Sistema de Información Integrada de Educación Parvularia, orientado a fomentar el trabajo articulado entre los distintos sostenedores de la oferta pública.

Por su parte, los indicadores del sistema permiten dimensionar la magnitud de estos desafíos. La asistencia promedio disminuyó durante 2025, mientras que la inasistencia grave se mantuvo en niveles similares a los registrados en 2024. En el Simce, los resultados muestran que uno de cada dos estudiantes de cuarto básico presenta un nivel insuficiente en lectura. En educación parvularia, el Censo 2024 evidencia que un 48% de los niños en edad de asistir no lo hace. A ello se suma lo que refleja el Sistema de Admisión Escolar (SAE). Un estudio de Acción Educar reveló que, en el proceso de admisión 2025, siete de cada diez primeras preferencias se dirigen a establecimientos particulares subvencionados. El mismo estudio muestra que un 43,4% de las vacantes del sistema no recibió ninguna postulación durante la etapa regular del proceso.

En conjunto, estos antecedentes dan cuenta de un sistema que muestra señales de estancamiento y que requiere medidas que le entreguen mayor dinamismo y flexibilidad, junto con volver a poner el foco en los aprendizajes, lo que parece formar parte de la ruta que el gobierno ha decidido trazar en esta primera etapa. Sin embargo, también es necesario observar algunos aspectos que requerirán atención.

El programa “A convivir se aprende”, al que se pretende dar continuidad como parte de la estrategia en convivencia escolar, no cuenta actualmente con sistemas de monitoreo cuantitativos, lo que dificulta el seguimiento y la evaluación de su efectividad. Si bien existe una valoración positiva por parte de las comunidades educativas, para una adecuada evaluación de políticas públicas resulta indispensable contar con información más robusta, especialmente considerando que las denuncias por convivencia escolar han aumentado durante los últimos años.

Otro elemento relevante se relaciona con el proyecto de ley que busca facilitar la creación de nuevos establecimientos educacionales. Si bien la iniciativa apunta a reducir restricciones, aún contiene aspectos que requieren revisión. Persisten elementos burocráticos que dificultan el desarrollo de nuevos proyectos educativos y faltan incentivos adecuados para que sostenedores y actores educativos continúen desarrollándose dentro del sistema. La discusión legislativa que inicia es una oportunidad para introducir mejoras que permitan que el proyecto cumpla efectivamente con su objetivo: ampliar la oferta educativa.

Finalmente, volver a poner en el centro los proyectos educativos, fortalecer el rol directivo y pedagógico, así como la confianza en el trabajo que desarrollan las comunidades educativas entregándoles mayores espacios de acción, será clave para que las prioridades anunciadas se traduzcan en mejores oportunidades de aprendizaje para los estudiantes y sus familias.

Por Constanza Lara, Directora Legal en Acción Educar