El bienestar social y la creación de empleos de calidad dependen, en buena medida, del crecimiento económico, de relaciones laborales constructivas y de una estructura productiva más sofisticada y diversificada. Estos desafíos son compartidos por trabajadores, empleadores y el Estado, y requieren respuestas que articulen a todos ellos en torno a objetivos comunes.

Durante la actual administración se han impulsado reformas que fortalecen el crecimiento y la inversión. La Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales reduce tiempos e incertidumbre en proyectos de inversión; la Ley de Cabotaje Marítimo disminuye costos logísticos; la Reforma de Pensiones aumenta el ahorro y la inversión nacional; y la Estrategia Nacional del Litio expande la producción y desarrollará mayor valor agregado interno, entre otras iniciativas. En buena hora, el crecimiento del PIB per cápita proyectado para este período duplicará el promedio de las dos administraciones anteriores y, de confirmarse los datos preliminares de empleo y cuentas nacionales, la productividad total de factores crecería por segundo año consecutivo por primera vez desde comienzos de la década de 2010.

Sin embargo, los desafíos de productividad siguen siendo relevantes y diversos. Por ello, el proyecto de ley de Negociación Colectiva Multinivel no sólo se orienta a una distribución justa del valor creado, sino también a aumentar la creación de valor definiendo al sector y al subsector económico como espacios de construcción de acuerdos productivos entre trabajadores y empleadores, contando con apoyo del Estado.

En esa línea, el proyecto habilita que se puedan acordar distribuciones alternativas de las jornadas laborales por períodos de hasta tres meses, adaptándose a las particularidades de cada sector o subsector. Tal como ocurrió en el sector minero durante la tramitación de la ley de 40 horas, donde se combinaron ajustes de jornada con mejoras en descanso, esta herramienta permitirá diseñar esquemas laborales más productivos y coherentes con las realidades específicas de cada actividad. En decir, más flexibilidad que lo que contempla la legislación actual (manteniendo el promedio de 40 horas), en la medida que esto sea fruto de un acuerdo donde los intereses de trabajadores y empleadores están bien representados, ya que una conversación con poderes equilibrados es garantía de que la mayor flexibilidad no se preste para abusos.

Asimismo, el proyecto incorpora un incentivo relevante al triplicar el tope del crédito tributario que recibirán las empresas que participen en acuerdos marco sectoriales e inviertan, de manera asociativa, en investigación y desarrollo, elevándolo de 15.000 a 45.000 UTM. Esto permitirá enfocar parte del I+D hacia el fortalecimiento productivo sectorial y no solo al nivel de empresa, fortaleciendo la innovación y la productividad.

Finalmente, el proyecto contempla un rol activo de los Ministerios de Hacienda y de Economía que, junto con el Ministerio del Trabajo, integrarán la Secretaría Técnica a cargo de apoyar la negociación desarrollada por los Consejos Sectoriales. Esta Secretaría facilitará el desarrollo de acuerdos que impliquen mejoras laborales y productivas, considerando la elaboración de informes de diagnóstico sobre productividad y capacitación.

Chile enfrenta hoy una oportunidad histórica ligada a la transición energética y tecnológica. Aprovecharla exige cooperación, confianza y diálogo. Este proyecto invita a trabajadores y empleadores a sentarse a la mesa para construir de manera colaborativa una economía más productiva, competitiva y sostenible.