El último Informe de Finanzas Públicas alerta que el déficit fiscal del país sería mayor a lo informado y que la deuda pública sobrepasaría el umbral deseable del 45% del PIB en 2028. Bajo estas circunstancias, cobra aún mayor sentido analizar la política de gratuidad, la que ha sido cuestionada desde hace un tiempo por su alto costo y por el bajo impacto que ha tenido en términos de acceso a la educación superior.

En efecto, el costo que ella representa (US$2.700 millones este año, monto que se estima seguirá creciendo) implica no solo menores recursos para hacer frente a otras necesidades más acuciantes, sino que ha significado -en la práctica- menores recursos para los niveles educativos que tienen un mayor impacto social y distributivo, como el parvulario y escolar. Así las cosas, valorando esta política y pensando en poder mantenerla en el tiempo, pareciera ser un momento oportuno para avanzar decididamente en modificaciones.

En este contexto, sugiero incorporar un modelo de corresponsabilidad, en el que parte del costo de la formación sea asumido por los estudiantes una vez egresados, es decir, propongo que la gratuidad considere una devolución parcial de recursos por parte de sus beneficiarios. Esto podría realizarse estableciendo que la gratuidad fuese completa durante los dos primeros años académicos, momento a partir del cual se incorporaría un componente creciente de crédito, el que podría llegar al 100% al terminar la duración de la carrera.

De esta forma, se garantizaría un esquema de no-pago de arancel durante toda la etapa de estudios, después de la cual se iniciaría el período de cobro, el que de todos modos sería relativamente bajo, considerando los limitados montos que se financiarían con crédito. Este mecanismo vendría a emular lo que hoy hacen muchos estudiantes, que financian sus carreras con una mezcla de becas estatales y créditos, pagando poco o nada durante su trayectoria académica y devolviendo el monto del crédito una vez que empiezan su vida laboral.

Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que la gratuidad, tal como está diseñada, es financieramente insostenible, pero también en la premisa de que es justo pedir una retribución a quienes percibirán ingresos sustancialmente mayores que quienes no tengan un título profesional. Al respecto, esta propuesta garantiza que quienes terminen pagando serían aquellos estudiantes que mayoritariamente hubiesen egresado de la educación superior, pues los dos primeros años de estudios concentran la deserción estudiantil. Además, esta retribución se haría de forma contingente al ingreso y por un período acotado de tiempo, tras el cual cualquier remanente se condonaría.

Que la gratuidad requiere cambios urgentes pareciera ser un consenso transversal, del que dan prueba los intentos del gobierno anterior y del actual por modificarla en distintos proyectos de ley (FES y de reconstrucción). Aprovechando también la discusión sobre el sistema de crédito que podría reemplazar al CAE, urge pues iniciar un debate serio sobre esta política que propicie cambios en ella.

Por Juan Eduardo Vargas, Universidad Finis Terrae