Señor director:

Este lunes se desarrolló, en el 5° Juzgado Civil de Santiago, una audiencia probatoria en el caso por discriminación racial de la ciudadana haitiana Joane Florvil, por parte de la Municipalidad de Lo Prado en 2017, que llevaron en una cadena de sucesos posteriores -aún en investigación en sede penal- a su trágica muerte.

Desde la Fundación hemos asumido el compromiso institucional de apoyar este caso y a la familia, pues representa un hito emblemático que marca un antes y un después en materia de discriminación, y que hace evidente la necesidad de revisar la ley Antidiscriminación Nº 20.609.

Esta norma fue publicada en 2012, después de que nuestra sociedad quedara atónita ante el brutal homicidio de Daniel Zamudio. Y según datos de la Corte Suprema, a la fecha se han ingresado bajo este procedimiento poco más de 300 causas, de las cuales menos del 50% han llegado a sentencia definitiva. La mayoría de los casos tienen que ver con discriminación por capacidades diferentes, por orientación sexual y de opinión política. Del total, sólo 31% corresponde a casos presentados por mujeres. La discriminación racial ha estado prácticamente ausente.

En un contexto de amplia migración y de mayor apertura a la participación de las mujeres en todos los espacios, se hace necesario que se inicie un proceso de evaluación y reforma participativa de la Ley Zamudio, a fin de adecuarla a los actuales escenarios, y superar las falencias que aún tiene, que impiden en la práctica que ciudadanos de muchos grupos desfavorecidos accedan a la justicia.

Moisés Sánchez

Presidente Fundación Pro Acceso