SEÑOR DIRECTOR
El estallido social abrió la puerta a una serie de importantes debates en el país. Cuestiones como la regulación del uso de la fuerza o la reforma (o refundación) de Carabineros han sido fundamentales y probablemente formarán parte del debate de la Convención Constitucional. Sin embargo, otra dimensión de las violaciones a los DD.HH. ha estado desaparecida del debate público: aquella relativa a las reparaciones a las víctimas.
La deuda de nuestro país en esta materia es grave. En noviembre de 2019, el gobierno anunció la creación de un Programa Integral de Reparación Ocular (PIRO), dirigido a víctimas de lesiones oculares. Sin embargo, el PIRO ha sido fuertemente criticado. El reciente Informe Anual de Amnistía Internacional hace referencia a las deficiencias del Programa, y hace apenas unos días, varias víctimas de trauma ocular denunciaron las negligencias y el abandono del PIRO, que apenas contaría con 5 profesionales para atender a más de 500 víctimas.
La reparación es un aspecto fundamental del compromiso de un país con los DD.HH. Todas las medidas que deben tomarse para evitar que los hechos vuelvan a repetirse no excluyen que debamos responder a quienes sufrieron las consecuencias de la violencia estatal. Lamentablemente, esto no parece formar parte de las prioridades del gobierno.
Catalina Fernández Carter
Académica Derecho Internacional
Universidad de Chile
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