En Chile, la responsabilidad del bienestar digital de niños, niñas y adolescentes ha recaído casi exclusivamente en familias y escuelas. Se espera que padres, madres y docentes sean expertos en ciberseguridad, comprendan complejos términos y condiciones, y anticipen conductas maliciosas en un entorno digital que evoluciona vertiginosamente. Esta expectativa, además de irreal, impone una carga desproporcionada a quienes no cuentan con las herramientas ni el respaldo necesario. Es una carga que no considera la complejidad de un ecosistema digital diseñado para capturar la atención, y no necesariamente para proteger al usuario.

La protección digital debe ser, por tanto, una responsabilidad compartida. Es un imperativo ético y legal que Empresas y Estado garanticen que los servicios digitales se diseñen con privacidad, protección de datos y seguridad por defecto. Este enfoque proactivo debe basarse en principios claros y compartidos. El primero, y más fundamental, es poner el interés superior de la niñez como eje central de toda acción. De este se desprenden otros, como la protección de datos y la privacidad de acuerdo con la normativa vigente y estándares internacionales, y la promoción del diseño apropiado a la edad como principio orientador en el desarrollo de cualquier tecnología o servicio.

Iniciativas como el Age-Appropriate Design Code del Reino Unido y California ya exigen configuraciones de máxima privacidad y límites al perfilamiento desde el diseño. Chile puede y debe avanzar en esa dirección, adaptando estos estándares a nuestra realidad.

Frente a este desafío, en Chile ya se están dando los primeros pasos. Ha comenzado a articularse el Compromiso por el Bienestar Digital de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Esta es una iniciativa que busca articular a diversas organizaciones conscientes de la creciente presencia de las tecnologías digitales en la vida de los NNA y la importancia de garantizar un entorno digital seguro, inclusivo y respetuoso. El objetivo es avanzar en un bienestar digital integral, reconociendo que la protección en el entorno digital es deber del Estado, los proveedores de servicios tecnológicos, la sociedad civil, las familias y la comunidad educativa.

Este esfuerzo se inspira directamente en los principios de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989) y, de forma crucial, en la Observación General Nº25 del Comité de los Derechos del Niño (2021). Esta observación es clave, pues establece que el acceso digital debe ser seguro, inclusivo y corresponsable, involucrando a todos los actores mencionados.

Esta nueva forma de colaboración, que impulsan la UAI y la UC, se basa en una idea simple pero poderosa: la protección de la infancia debe ser un estándar, no un extra. Esto implica avanzar en acciones concretas. Por un lado, se debe fortalecer la educación y alfabetización digital como herramienta para un uso crítico y consciente, realizando campañas de sensibilización y formación dirigidas a familias y a la sociedad en general. Por otro lado, es fundamental generar evidencia científica sobre el bienestar digital que oriente la toma de decisiones y el diseño de políticas y programas.

Como Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación de la UC (CEPPE UC) y el Programa de Formación de Ciudadanía Digital de la UAI, las universidades asumen el rol de monitorear y reportar públicamente los avances. El objetivo es claro: que este acuerdo no quede en una declaración simbólica , sino que se traduzca en acciones concretas, metas medibles y seguimiento constante.

Proteger el bienestar digital de la infancia no es una tarea privada o de una parte de la sociedad, sino una responsabilidad pública y compartida. Es hora de que el Estado, las empresas tecnológicas y la sociedad civil asumamos nuestro rol protagónico para visibilizar este compromiso y abrir caminos de cooperación futura. El compromiso ya está en marcha y es un primer paso para construir, de una vez por todas, un entorno digital seguro y positivo para las futuras generaciones.

Por Luis Enrique Santana (UAI) y Magdalena Claro (CEPPE UC)