Las próximas elecciones traerán, inevitablemente, un debate intenso sobre la seguridad y el crimen organizado. En un país donde la percepción de inseguridad conduce la conversación pública, los programas de los candidatos revelan no solo sus prioridades, sino su visión de sociedad.

Jeannette Jara ofrece, probablemente, la mirada más integral. Su programa combina prevención temprana, control policial y penitenciario, y reinserción social. Se trata de un diseño institucional que busca equilibrar ámbitos de la seguridad: impedir que jóvenes vulnerables inicien trayectorias criminales, mejorar la eficacia del Estado para perseguir delitos complejos y dar una segunda oportunidad a quienes ya cumplieron condena. Es un enfoque exigente en recursos y coordinación, pero consistente con la evidencia comparada: sin prevención ni reinserción, la represión se convierte en un círculo vicioso.

Harold Mayne-Nicholls propone un enfoque basado en la coordinación nacional, apoyo acotado de las FF.AA. y programas preventivos comunitarios y educativos. No alcanza la integralidad plena en tanto carece de propuestas sólidas en reinserción y persecución compleja, pero ofrece una visión que combina gobernanza central con prevención social.

Evelyn Matthei, en cambio, propone una estrategia robusta en institucionalidad, reforzando el Ministerio de Seguridad, inteligencia permanente y cárceles de máxima seguridad. Aunque incluye una mirada preventiva, el acento está en la contención punitiva y en la capacidad de reacción inmediata. El riesgo, sin embargo, es alto: medidas como el aislamiento absoluto de líderes criminales tensionan los estándares internacionales de derechos humanos y pueden terminar debilitando, no fortaleciendo, al sistema penitenciario.

Finalmente, J.A. Kast, J. Kaiser y F. Parisi representan variantes de la “mano dura”. Kaiser encarna la versión clásica y autoritaria: más policías y más cárceles, más militares en la calle, con prevención casi inexistente. Kast la lleva al plano populista-punitivo: diagnósticos simplistas y promesas de shock —cárceles de máxima seguridad, expulsiones inmediatas, prohibición de narco funerales— que privilegian el impacto simbólico sobre la sostenibilidad. Parisi, en cambio, ofrece una versión tecnocrática: la misma dureza expresada en fórmulas técnicas y cálculos de eficiencia, desde barcos-cárcel hasta trazabilidad financiera de cada movimiento sospechoso.

La experiencia comparada muestra que, sin prevención ni reinserción, la represión extrema produce efectos inmediatos, pero no sostenibles. El costo en DD.HH. y en convivencia democrática termina siendo demasiado alto. El desafío de Chile no es elegir quién promete más dureza, sino quién es capaz de construir una política de seguridad integral, eficaz y compatible con el Estado de Derecho. Solo así será posible avanzar hacia un país más justo y pacífico.

Por Pablo Carvacho, director Laboratorio UC Seguridad y Sociedad