Los candidatos a la Presidencia de la República, que competirán en la segunda vuelta electoral el próximo 14 de diciembre, no difieren en plantear que los desafíos en materia de seguridad constituyen uno de los principales retos que Chile enfrenta para los próximos años.

Cuando se piensa en la seguridad, nos concentramos en el incremento creciente de la delincuencia que todos los días cobra nuevas víctimas, pero que, además, actúa con inusitada violencia y renovados métodos.

A lo anterior se une un grave diagnóstico de la realidad carcelaria del país que se caracteriza por la sobrepoblación de los recintos y por un modus vivendi que ha mostrado la penetración de la droga y de los contactos con el crimen organizado.

Siendo cierto todo lo anterior, el tema de la seguridad es mucho más vasto y omnicomprensivo. Tiene que ver con mantener las capacidades estratégicas del país en un mundo globalizado demostrando que somos capaces de hacernos respetar y que, adicionalmente, somos creíbles. Mantener tales capacidades, así como generar nuevas oportunidades, supone nuestra activa participación en los foros multilaterales y en los mecanismos de cooperación internacional, frenando cualquier amenaza a nuestra estabilidad como las que provienen del narcotráfico, del crimen organizado y de la expansión de nuevas armas como las químicas.

Un país inseguro es uno en el que nadie quiere invertir ni menos apostar.

En momentos en que los candidatos a la Presidencia se encuentran afinando sus programas de gobierno, conviene detenerse en la propuesta de diseñar una institucionalidad que conjugue los esfuerzos de la política exterior con los que derivan de la seguridad, dada su estrecha conexión.

Para esos efectos, proponemos reemplazar el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), contemplado en el Capítulo XII de la Constitución, por un Consejo Nacional de Política Exterior y Seguridad, siguiendo el diseño imperante en países como Brasil, Colombia y Estados Unidos. Se trataría de un órgano asesor del Presidente de la República en la formulación de políticas y estrategias vinculadas a la política exterior como a la seguridad externa e interior del Estado que debiera reunirse, al menos una vez al año y cada vez que sea convocado por el jefe de Estado.

A diferencia del Cosena, no sólo estaría integrado por los titulares de los tres poderes del Estado más el Contralor General de la República, sino que además por los ministros del Interior y Seguridad pública, Hacienda, Relaciones Exteriores y de Defensa Nacional. La presencia de los más altos mandos militares y policiales, así como del Director Nacional de Inteligencia, sería requerida para asesorar sólo con derecho a voz.

No bastan, entonces, las medidas efectistas, sino que deben repensarse los arreglos institucionales que permitan la proyección de las políticas exterior y de seguridad a través del tiempo.

Por Marisol Peña, Centro de Justicia Constitucional UDD