La Ley Fintech será implementada a través de un marco regulatorio centralizado, bajo la responsabilidad de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). La adopción de este modelo puede reducir el rol que cumple el mercado en un esquema descentralizado, donde la asignación de recursos tiende a ser social y privadamente óptima en ausencia de fricciones.

En un marco centralizado, el regulador establece estándares mínimos de operación, requisitos técnicos detallados y protocolos de seguridad que deben cumplir los incumbentes en forma obligatoria y las fintechs en forma voluntaria si deciden registrarse. La aspiración de la norma es promover la seguridad y la transparencia, pero impone una limitada autonomía en aspectos operativos críticos y su carácter prescriptivo – es decir, con un alto nivel de detalle- reduce la flexibilidad necesaria para innovar y genera costos con beneficios que no son evidentes.

Cuando se adopta un marco regulatorio centralizado, es clave poder responder la pregunta de cuáles son las fallas de mercado que justifican su adopción.

Otras jurisdicciones han mostrado importantes dificultades en la implementación de regulaciones fintech de este tipo, por lo que dar respuesta a esta inquietud es esencial para adoptar políticas públicas que permitan alcanzar una asignación de recursos eficiente y potenciar el desarrollo del sistema financiero. Además, se requiere dimensionar la magnitud de estas fallas y fricciones para calibrar las medidas regulatorias óptimas.

Con toda seguridad, este análisis ha sido realizado internamente por los equipos técnicos del regulador, pero no se ha hecho público. Su divulgación sería de enorme valor para generar una discusión técnica más fundamentada sobre las decisiones y definiciones adoptadas en este ámbito por parte del regulador.

Conocer esta evaluación es de gran trascendencia, porque una mirada general del desarrollo del sistema financiero sugiere que las fricciones pueden no ser tan relevantes, lo que hace discutible la necesidad de adoptar el mencionado marco regulatorio centralizado. Como ejemplos de este desarrollo, destacan la aparición y masificación de las transferencias electrónicas instantáneas de fondos desde el 2008 y el surgimiento en el ecosistema de distintos actores, que han fortalecido de modo integral la oferta de servicios financieros.

Las interrogantes que plantea un modelo de regulación centralizado hacen necesario generar instancias de colaboración entre el sector público y privado. Así, será posible aportar antecedentes técnicos que sustenten su análisis y discusión, y colaborar con el regulador en su compleja tarea, reduciendo el riesgo de decisiones que impliquen costos innecesarios.

Esto requiere generar una institucionalidad que no existe en el país. El denominado “Foro consultivo”, creado por la CMF, es una instancia embrionaria para el desarrollo de una institucionalidad más robusta que acompañe la implementación de la Ley Fintech. Pero este foro requiere una mejor definición del rol del sector privado y dotarlo de objetivos y de una mirada de largo plazo.

La instauración de los marcos regulatorios asociados a las fintechs en distintas jurisdicciones ha mostrado importantes desafíos de implementación -atrasos, tasas de error, fricciones en supervisión, etc-, lo que en un esquema centralizado de regulación es de la mayor importancia, motivo por el cual es clave contar con una institucionalidad que minimice los riesgos del sistema.

*El autor de la columna es economista