Soluciones universales a problemas universales

Foto : Andres Perez

Mientras tenemos estados de emergencia para limitar el desplazamiento y otros derechos fundamentales, pareciera que la receta con la cual se diseñan las medidas económicas hace caso omiso de esa excepcionalidad.



Uno de los principios más extendidos en la discusión de política pública en Chile es el de la focalización. Según esto, los recursos públicos debieran usarse para enfrentar las necesidades de quienes más lo necesitan, buscando llegar de forma “focalizada” a esos grupos y no a quienes no requieran de la contribución del Estado. Si bien puede sonar algo poco controvertido, suele chocar con una serie de propuestas que miran a los derechos sociales como universales. Así, fue una piedra de tope a la hora de extender la gratuidad universitaria a toda la población y sigue siendo un recurso utilizado para oponerse a otras medidas.

Sin embargo, la focalización en versión chilena se mezcla con la profunda desconfianza con que el Estado mira a la ciudadanía. Esto trae dos problemas esenciales. El primero es que el argumento de la focalización (así como otros relacionados a creer que las políticas públicas no son, en efecto, políticas) se ha elevado al nivel de dogma. No existe, en algunos círculos y por cierto en el gobierno, justificaciones para pasar por encima de este principio. Incluso, enfrentados ante la pandemia y sus complicaciones, la respuesta es la misma que para los tiempos normales: la focalización no se toca.

La segunda complicación es que este dogma, al mezclarse con una desconfianza endémica en la ciudadanía, hace que el foco de cualquier respuesta a la pandemia esté en buscar cómo evitar que algunos se aprovechen de la medida, en vez de lograr que la ayuda le llegue a todos los que la necesitan. En vez de tomar las recomendaciones de una serie de expertos (entre ellos ex ministros de Hacienda y organismos internacionales) de implementar medidas extensivas y universales para paliar la crisis, el gobierno se ha esmerado en ir creando un goteo inconsistente de políticas sociales de emergencia. Todas estas medidas van asociadas a un grado de desconfianza.

Miremos algunos ejemplos para ilustrar estos puntos. Para solventar la inmediata baja en el ingreso de las personas más vulnerables, el gobierno decidió entregar un Ingreso Familiar de Emergencia. En el proceso de debate de esa medida, parlamentarios oficialistas planteaban que el monto tenía que ser bajo, pues la gente no podía pretender vivir del Estado (vaya ironía viniendo de alguien que, precisamente, vive gracias a los ingresos que le proporciona el Estado). Si eso no es poco, dos ministros de ese entonces salían felices en los medios por haber sido duros y no ceder a quienes pretendían aumentar los montos. Obviamente esa medida fue insuficiente y el gobierno debió volver a plantear otro IFE, mientras un tercero viene ya en camino. Además, diversos municipios y parlamentarios acusan que han debido gastar recursos propios en ayudar a la gente a postular (y apelar) al IFE, ya que el sistema no cuenta con la información actualizada.

Otro ejemplo es el proyecto de ayuda a la clase media y su correspondiente crédito sin interés. Cuando el gobierno anunció la entrega de $500 mil a quienes tenían ingresos mensuales entre ese monto y $1.5 millones, muchos nos sorprendimos. Eso era lo más cercano que el gobierno había estado a una política universal. Pero no, la exigencia es que la gente acredite una reducción de sus ingresos de un 30% para poder acceder al beneficio. Mismo requisito para el crédito con que el gobierno pretende convencer a la ciudadanía de no sacar el dinero de la AFP. Como hicieron ver incluso representantes del oficialismo, ese tipo de medidas ponen en una serie de problemas a quienes tienen casos relativamente complejos o quienes tienen ingresos informales. Nuevamente el gobierno está más preocupado de que no haya quienes se aprovechen del sistema en vez de preocuparse que la ayuda le llegue a los que la necesitan.

Es casi un lugar común decir que la pandemia ha hecho temblar nuestros supuestos sobre cómo debieran diseñarse e implementarse las políticas públicas, pero la verdad es que ese remezón no ha llegado mucho a la práctica. Mientras tenemos estados de emergencia para limitar el desplazamiento y otros derechos fundamentales, pareciera que la receta con la cual se diseñan las medidas económicas hace caso omiso de esa excepcionalidad. Lo que necesitamos es un Estado que trate de llegar con ayuda a todos quienes lo necesitan, aún a costo de que algunos se aprovechen. Que al menos por esta vez, la focalización se ponga al servicio de la ciudadanía y no al revés.

Comenta

Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbase aquí.

Imperdibles