Ayer, 26 de agosto, se cumplió un año desde que como gobierno ingresamos el proyecto de ley que amplía la cobertura del subsidio eléctrico a hogares vulnerables, fortalece el subsidio a familias de electrodependientes y apoya también a los Servicios Sanitarios Rurales. O casi un año y medio si contamos el trabajo prelegislativo que lo precedió.

El proyecto original que se ingresó al Congreso, contemplaba tres pilares de financiamiento: un aporte fiscal, una sobretasa a las emisiones de las termoeléctricas y un cargo a los generadores distribuidos, o “minicentrales” como las llaman en algunos medios. Este diseño mixto no solo responde a una convicción del gobierno, sino que responde a una demanda que hicieron parlamentarios de todos los sectores políticos, en cuanto a que las empresas eléctricas también tenían que contribuir al financiamiento de esta iniciativa. Esta naturaleza mixta en el financiamiento se refleja claramente en el texto aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas hace casi seis meses.

Aunque las diferencias nos han obligado a concentrarnos en un número más acotado de beneficiarios, el Ejecutivo siempre ha intentado ser flexible y abrir espacios para un acuerdo transversal. Por eso, se redujo la expectativa de recaudación de los pilares privados en más de un 80%, reduciéndose también la contribución fiscal en una proporción similar. Con ello no solo se mantiene el carácter mixto, sino que se abordaron las principales objeciones, manteniendo únicamente una sobretasa reducida y transitoria a un impuesto existente.

Hoy el proyecto se encuentra en discusión en la comisión de Hacienda del Senado, presidida por la senadora Ximena Rincón, donde ha existido una muy buena disposición tanto para poner en tabla el proyecto apenas se pudo, como también una apertura a encontrar espacios de entendimiento.

Sin embargo, esa disposición de los miembros de la comisión, contrasta con lo mostrado durante todo el trámite legislativo por algunos gremios empresariales. En la última sesión, por ejemplo, el representante de las grandes generadoras señaló que el proyecto de ley ponía a nuestro país “en los escenarios internacionales de manera negativa” y generaba “más incertezas en la competitividad de Chile”. Ciertamente cada persona puede tener su propia opinión, pero no sus propios hechos. Ninguna de esas frases se condice con las cifras que este mismo medio lleva relevando por meses, principalmente en materia de almacenamiento. Trabajando juntos, sector público y privado, estamos logrando cifras récord de inversión y desarrollo.

Estabilizar las tarifas ha sido un proceso difícil para las familias vulnerables de nuestro país y muchos sectores productivos. El subsidio que hoy llega a casi dos millones de familias contribuye a mitigar estas dificultades, pero es insuficiente y requiere certezas respecto de su continuidad. La última propuesta del Ejecutivo busca facilitar la instalación del siguiente gobierno, entregándole un programa financiado durante todo el 2026 y parte del 2027, de tal manera pueda evaluarse su proyección sin la presión de la coyuntura. Por eso, el llamado es a dejar de lado las trincheras y los intereses particulares. Hoy tenemos la posibilidad de resolver un problema real de muchas familias con pragmatismo y altura de miras.

Por Diego Pardow, Ministro de Energía.