En su reciente entrevista a la subsecretaria Paula Estévez, el periodista Julio Nahuelhual le preguntó qué utilidad tenía el TLC frente a la arremetida unilateral de EEUU. La pregunta es pertinente: el objetivo de un TLC es, justamente, impedir mediante normas vinculantes que las partes cambien unilateralmente las reglas del juego. Y eso es precisamente lo que hizo EEUU con Chile al aumentar los aranceles en un 10% sin consulta ni negociación previa.

La respuesta de la subsecretaria fue tajante: “Esto no es una política que pone en duda el TLC con Chile” señaló, para luego explicar que, en realidad, esa medida es “una política comercial de los Estados Unidos, en que ellos apuntan a sus intereses propios”. Esa respuesta, considero, es entendible para una representante de AmCham, pero resulta enteramente insuficiente para una subsecretaria de gobierno. Lo que cualquier persona puede ver al leer el diario es que EEUU subió los aranceles a Chile de manera unilateral y, acto seguido, nos forzó a sentarnos a negociar bajo sus términos y condiciones (‘o se sientan o no les bajamos los aranceles que unilateralmente les subimos’), imponiéndonos también los temas a tratar: un ‘screening’ de inversiones extranjeras y la reapertura de la discusión sobre patentes y subsidios. ¿Cómo llamar a eso si no una explícita violación de un acuerdo comercial? ¿De verdad el gobierno va a negar lo que cualquier ciudadano informado puede ver?

Esta curiosa posición, hay que decirlo, no es solo de este gobierno. El gobierno anterior, más allá de sus declaraciones públicas contra la administración Trump, también negó que EEUU estuviera violando el acuerdo. El ex embajador de Chile ante EEUU, por ejemplo, llegó a describir esta intervención unilateral, metafóricamente, como “un sombrero que le ponemos al TLC”. En la práctica, eso significó aceptar pasivamente todas las exigencias que EEUU nos impuso unilateralmente.

No seré yo, qué duda cabe, quien defienda el TLC. No es secreto para nadie que soy crítico de todo lo que los gobiernos democráticos cedieron en materia de soberanía a cambio de unas pocas regalías arancelarias para nuestras materias primas sin procesar. Pero llama la atención que quienes antes eran tan beligerantemente críticos a la idea de renegociar acuerdos comerciales hoy guarden silencio, o derechamente justifiquen esta evidente violación. Tal vez la razón sea que reconocer la violación obligaría a admitir algo incómodo: la fortaleza de nuestros acuerdos comerciales se desvanece en el instante en que dejan de beneficiar a la parte poderosa. Y eso confirma lo que advirtieron Joseph Stiglitz y Martín Guzmán: “un sistema basado en reglas escrito principalmente por los actores poderosos y que solo se aplique (y sea aplicable) cuando la aplicación redunde en interés del hegemón no es realmente un sistema basado en reglas.”

El peligro de esta actitud es que naturaliza las exigencias unilaterales de EEUU al gobierno chileno. Trump exige un mecanismo de ‘screening’ de inversiones, es decir, un esquema de regulación a las inversiones extranjeras bajo criterios geopolíticos y estratégicos. Para EEUU, por supuesto, esto es una forma de instrumentalizar las regulaciones chilenas: asegurar acceso privilegiado a nuestros sectores y, al mismo tiempo, dificultar la entrada de inversiones de economías competidoras. ¿Por qué Chile debe usar sus marcos regulatorios para proteger de manera especial las inversiones norteamericanas? ¿Por qué aceptar que EEUU oriente nuestros marcos institucionales según sus fines? Sorprendentemente, la subsecretaria Estévez no advierte nada de esto. Llega a señalar incluso que “veo por primera vez en Chile una voluntad política transversal de avanzar un “investment screening”. No porque un país lo pidió, no porque hay tensiones geopolíticas, sino para resguardar la seguridad nacional de Chile”. Pensar que el ‘investment screening’ no responde a una presión geopolítica, sino a una ‘voluntad transversal’ nacional ajena a las presiones externas, es derechamente confundir el deseo con la realidad.

Considero, además, que los marcos actuales del TLC para regular las inversiones extranjeras ya sobreprotegen los intereses de los inversionistas, en desmedro de la capacidad del Estado para exigir reglas ambientales y de fomento a la industria local. Esta crítica gana cada vez más adeptos entre diversas economías, que ya han tomado cartas en el asunto. En Chile, en cambio, ha imperado una inercia que se ha bautizado, eufemísticamente, como ‘política de Estado’.

Si EEUU quiere reabrir la discusión sobre el marco regulatorio de las inversiones extranjeras, pues bien: negociemos. Una negociación entre iguales implica, también, poner temas propios sobre la mesa. Propongo que exijamos tres nuevas obligaciones a las inversiones que deseen ingresar a nuestro territorio. Primero, un criterio de difusión tecnológica: compromisos para reinvertir un porcentaje de las ganancias en I+D dentro de la economía anfitriona; exigencia de que cierta proporción de la producción corresponda a bienes de alto valor agregado; y licencias obligatorias para determinadas patentes (como han hecho Noruega, Brasil e Indonesia). Segundo, un criterio de encadenamientos productivos: requisitos de proveedor exclusivo o prioritario y exigencias de contenido local (como aplicaron en su momento China y Corea del Sur). Tercero, un criterio de direccionalidad de la inversión: requisitos de empresas conjuntas y normas que obliguen a los inversores extranjeros a destinar un porcentaje fijo de sus ganancias a la reinversión en el país anfitrión (como ocurre en China, Sudáfrica o Indonesia, entre otros).

Si EEUU ha violado el acuerdo y nos ha forzado a negociar, tomemos cartas en el asunto y respondamos con una agenda ofensiva frente a sus exigencias. La alternativa es aceptar que, para EEUU, las reglas comerciales con Chile solo se respetan cuando le son útiles. Y eso implicaría reconocer lo que todos ya vemos: que nunca existieron acuerdos basados en reglas, sino simple unilateralismo.

Por José Miguel Ahumada, académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile.