SEÑOR DIRECTOR:
En la reciente encuesta CEP, un 60% de los consultados declara que prefiere que las cotizaciones de salud sean administradas por instituciones públicas o privadas y solo un 33% se siente identificado con la propuesta del gobierno de un asegurador único.
Estas cifras coinciden con sondeos que muestran cómo las personas afiliadas a Fonasa (el asegurador estatal) tienen una mucho peor evaluación del servicio que reciben -incluido el precio- respecto a quienes están inscritos en las aseguradoras privadas (UNAB, 2021), y otros que explicitan que, a igual costo, y pese a los problemas que enfrentan, un 48% de los encuestados preferiría ser parte de una Isapre versus el 45% que optaría por Fonasa (Cadem, 2022).
A las percepciones de las personas se suman hechos concretos: además de los 3,2 millones de afiliados, hay 79 millones de prestaciones médicas de Fonasa que se realizan en prestadores privados cuya existencia depende de las aseguradoras privadas. En tanto, la Superintendencia deSalud (SdS) reconoció a 800 mil cotizantes de las Isapres como “cautivos”, quienes no accederían a un adecuado tratamiento en el ya desbordado sistema de salud pública.
Es este contexto el que debe llevar a la SdS a zanjar prontamente cómo se implementará el fallo de la Corte Suprema sobre la aplicación de la tabla de factores. No es un “salvavidas” a una industria que, de todos modos, requiere reformas profundas, sino que uno para un amplio grupo de la población que se vería negativamente afectado por un colapso del sistema.
Pablo Eguiguren F.
Libertad y Desarrollo
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