El próximo domingo se celebrarán las elecciones presidenciales y parlamentarias en un contexto donde varias propuestas podrían implicar retrocesos democráticos. El riesgo no está en los fines de dichas propuestas —eficiencia, orden o seguridad—, sino en los medios para alcanzarlos. Estos podrían subordinar principios constitucionales básicos como la separación de poderes, la deliberación, el control interinstitucional y el respeto a los derechos fundamentales. Por ello, votar exige un discernimiento más riguroso.

¿Estamos dispuestos a sacrificar libertades para calmar el miedo? En tiempos de inseguridad, es frecuente que se ofrezcan soluciones rápidas a costa de libertades básicas. Pero la democracia no se mide por su capacidad para castigar, sino por su compromiso con los límites al poder. Prometer seguridad suspendiendo derechos equivale a sustituir el Estado de Derecho por un Estado de Excepción permanente. Esta pregunta exige, además, una reflexión adicional: en las derivas autoritarias, los derechos que primero se vulneran son los de quienes integran grupos desaventajados. Entonces, la cuestión se vuelve personal: ¿estamos dispuestos a sacrificar los derechos de otros para mitigar nuestro miedo?

¿Qué ocurre con la democracia cuando se aplaude la concentración del poder para lograr una supuesta mayor eficiencia? El votante debe ponderar si las propuestas debilitan los frenos y contrapesos de los órganos del Estado, si deterioran la independencia del Poder Judicial, o si, por el contrario, concentran facultades en el Ejecutivo. En una democracia constitucional, gobernar sin políticos o sin Congreso no es una innovación, sino una regresión, una renuncia al pluralismo y a la deliberación. No en vano, desde la Revolución Francesa se sostiene que un Estado que no tiene establecida la separación de poderes ni la garantía de los derechos carece de Constitución.

¿Qué sociedad se construye cuando por ahorrar se sacrifica la igualdad? La austeridad supone dejar de gastar en lo innecesario para cubrir lo necesario. Por eso es importante advertir si las propuestas en nombre de la austeridad implican la exclusión de ciertos sectores de la sociedad.

¿Qué imagen de Chile queremos proyectar al mundo? ¿La de un país que retrocede en derechos o uno que los honra incluso en tiempos difíciles? Un Estado democrático es aquel que cumple sus compromisos en materia de derechos humanos, migración y protección ambiental. Propuestas como instalar minas antipersonales, endurecer políticas migratorias o relativizar tratados internacionales no solo violan normas jurídicas, sino que debilitan el prestigio del país y su identidad democrática.

En definitiva, votar el domingo no será solo un acto de preferencia política, sino una expresión de compromiso moral, constitucional y democrático. Lo que está en juego no es únicamente el curso del próximo gobierno, sino el tipo de democracia que sobrevivirá a las promesas de orden y eficiencia. Un voto exigente, informado y consciente del valor de la libertad es, en definitiva, la mejor salvaguarda de la democracia.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho, Universidad Alberto Hurtado