Más de 450 femicidios en una década: ¿Por qué siguen fallando las políticas en contra la violencia de género?

Hace un par de semanas, se cumplieron 10 años desde la incorporación del delito de femicidio al Código Penal. A pesar de los esfuerzos de los distintos gobiernos para prevenir y erradicar la violencia de género, el panorama no ha cambiado durante una década. De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, desde que se promulgó la iniciativa, se han consumado 457 femicidios en nuestro país.




El 17 de diciembre del 2020, María Isabel Pavez (22) salió de su casa en La Florida y, sin imaginarlo, no volvió nunca más. Ese mismo día, fue la última vez que su madre la vio y pudo conversar con ella. Desde ese minuto, las pistas sobre su paradero comenzaron a ser confusas y su desaparición, inminente, empezaba a ser difundida por sus amigos en las redes sociales. Así, pasaron siete días hasta que la Fiscalía Oriente confirmó la dramática noticia mediante su cuenta de Twitter. Su cuerpo sin vida había sido hallado por la Policía de Investigaciones (PDI) en la casa de su ex pareja, Igor González.

El crimen de María Isabel Pavez era el femicidio 55 del año 2020, según los datos de la Red Chilena en contra la Violencia hacia las Mujeres. A las horas después, se sumaría uno más a esa trágica lista. Era el de Elsa Janet Muñoz Santana (40), asesinada a manos de su pareja Iván Yáñez, quien luego del homicidio incendió la residencia que compartían en la comuna de Viña del Mar para encubrir el delito. Ese sería el femicidio número 56.

Desde que se incorporó el delito de femicidio en el Código Penal chileno, han pasado diez años. Con ello, se empezó a condenar los homicidios cometidos por hombres en contra de sus cónyuges o convivientes mujeres. Así, la legislación permitió no solo reivindicar una lucha feminista, sino visibilizar una problemática con todas sus artistas y complejidades. “Hasta 2006, el texto vigente que daba cuenta de los femicidios era el parricidio, que es otro tipo penal. En 2010, se presentó el proyecto de ley y los parlamentarios decidieron tratar los femicidios al interior de la pareja, desconociendo otros tipos. El efecto fue de carácter simbólico y permitió empezar a contabilizar la cantidad de femicidios, porque antes todo pasaba como parricidio”, explica Myrna Villegas, abogada y académica de la Universidad de Chile.

Así, con este tema instalado en el debate público, comenzaron a surgir las estadísticas en torno al tema que han permitido dimensionar la magnitud de este problema social. Sin embargo, hasta la fecha, aún no existe un registro único de femicidios. Cada institución y organización de la sociedad civil tiene sus datos. La cifra oficial entregada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para este reportaje da cuenta de 457 femicidios entre 2010 y 2020. Sin embargo, el recuento realizado por la Red Chilena en contra la Violencia hacia las Mujeres indica que hubo 638 asesinatos de este tipo en el mismo período de tiempo. “Desde 2010 en adelante -y antes incluso-, comenzamos un registro propio, en el que consideramos femicidios el asesinato de mujeres cometidos por varones por razones de género y no solo los crímenes cometidos por maridos o convivientes que son los que acota ley de 2010”, analiza Silvana del Valle, integrante de la coordinación nacional de la organización.

Este tipo penal fue un avance en términos de derechos de las mujeres, pero fue criticado porque era una figura penal restringida. No abarcaba la magnitud del problema social y muchos asesinatos quedaban fuera”, señala la abogada Paloma Galaz. Pero eso cambió en marzo de 2020 cuando, en medio de la conmoción por la muerte de Gabriela Alcaíno (17) -asesinada por su ex pololo-, se introdujeron nuevas modificaciones que ampliaron el concepto de femicidio a cualquier asesinato cometido por razones de género, independiente de la relación de la mujer con su agresor. Una reforma que se acopló a las definiciones que venía trabajando tanto la Red Chilena en contra la Violencia hacia las Mujeres, como también a las obligaciones internacionales adoptadas por Chile. Una de ellas es la Convención Interamericana Belém do Pará -ratificada en 1996 por nuestro país- que obliga a los Estados suscritos a condenar toda forma de violencia hacia las mujeres y a realizar acciones concretas orientadas a su prevención y erradicación.

Pero más allá de lo legal, el escenario no ha cambiado en lo sustancial durante la década. Por desgracia, año a año seguimos lamentando muertes de mujeres por culpa de la violencia machista y de un sistema que, en lo medular, tiene un importante componente de desigualdad de género. “Pese a los grandes esfuerzos que los distintos gobiernos hemos realizado en la última década no ha sido posible mitigar este flagelo. Durante este tiempo se avanzó mucho en materia de atención y reparación, pero estamos al debe en materia de prevención. Aquí no basta con un trabajo decidido, también se necesita una mayor coordinación entre las distintas instituciones del Estado, así como también un compromiso con la tolerancia cero a cualquier manifestación de violencia de género”, asegura la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Mónica Zalaquett.

Pero desde la Red Chilena en contra la Violencia hacia las Mujeres son más categóricas para explicar por qué no se ha podido disminuir la cifra: “El Estado no hace los verdaderos esfuerzos para prevenir. Todo lo que ocurre fomenta a que los agresores sigan agrediendo y no aporta a que se generen acciones desde la primera infancia. Cuando el tema es abordado, se trata desde el punto cúlmine, muy poco desde las causas del femicidio”, dice Silvana del Valle.

Denuncias de VIF: La primera alerta

El femicidio es el fin de una cadena de vulneraciones y resultado -en muchos casos- de situaciones de violencia intrafamiliar (VIF) ejercida en contra la mujer. Por eso, las denuncias que las víctimas realizan ante el sistema judicial pueden resultar claves a la hora de detectar estos hechos manera temprana y así prestar el apoyo necesario para romper con este círculo. Sin embargo, existen varios ejemplos donde las denuncias quedan solo en eso. Le pasó a Elsa Muñoz que, el mismo día que fue asesinada por su pareja, había interpuesto una denuncia por VIF. No había sido la primera vez: Iván Yañez mantenía antecedentes asociados a hostigamientos y agresiones en su contra, e incluso una orden de alejamiento que había caducado en enero del año pasado.

El Ministerio Público reconoció, en 2019, que el 53% de las causas por violencia intrafamiliar quedaban archivadas. “Las mujeres no creemos en el sistema judicial porque no está dando respuesta. A las víctimas se les sobrexige en los procesos y la carga de las pruebas pareciera que aumenta cuando se trata de mujeres. Las denuncias por violencia intrafamiliar son varias, pero las condenas son pocas. Y tampoco hay seguimiento de las medidas cautelares. El único ‘seguimiento’ que tienen es la denuncia cuando hay un incumplimiento, pero no se han implementado otros dispositivos como pulseras o brasaletes”, señala Paloma Galaz.

Lo mismo da cuenta un informe de la Secretaría de Género del Poder Judicial, publicado en octubre de 2020, que constata -entre otros- que en el sistema existe un seguimiento escaso a las medidas cautelares, una débil formación de género de los jueces, una aplicación de estereotipos que perjudican los procesos y una re-victimización de las personas que denuncian las agresiones. En ese sentido, la ministra Monica Zalaquett reconoce que “existe un problema estructural en la persecución de los hechos de violencia, relacionado con la falta de conocimiento en materia de género de quienes integran las instituciones que intervienen en estos procesos” y asegura que, en conjunto con el Ministerio de Justicia, están trabajando para “mejorar los procesos de denuncias, las medidas cautelares y de protección, además de los protocolos de seguimientos de causas”.

Por otro lado, existen casos de violencia que están ocultos porque las mujeres no se atreven a denunciar. En ese sentido, una investigación de la Revista Jurídica del Ministerio Público titulada Femicidio íntimo en Chile: diez años de la Ley n° 20.480 reveló que solo un 38% de las víctimas de la última década habían realizado denuncias por violencia intrafamiliar en contra de su agresor previas al femicidio. “Esto refleja que en la mayoría de los casos, hay una dificultad del sistema penal por advertir previamente y prevenir la ocurrencia de un episodio de violencia extrema”, señala el documento.

Así, muchas no acuden al sistema judicial por miedo y, en promedio, pueden demorar hasta siete años en hacerlo. Un hecho que se ha dificultado aún más por la pandemia que ha obligado a las mujeres a pasar las cuarentenas con sus agresores, sin tener la posibilidad de salir de sus casas. Según información entregada por el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, las denuncias disminuyeron un 11% respecto al año anterior, a pesar que los llamados al fono 1455 -de ayuda y orientación para las mujeres que sufren maltrato físico o psicológico- aumentaron en un 183%. “La violencia de género en periodo de pandemia aumentó, aunque eso no se vio reflejado en las denuncias. Y eso se explica porque, en medio de una crisis sanitaria, una mujer no se va a arriesgar a salir a poner una denuncia, con lo difícil que es hacerlo, sin saber las condiciones higiénicas del lugar y donde probablemente va a tener una mala respuesta”, analiza Paloma Galaz.

Un trabajo de todos

Pero dejar todo puesto en manos de poder judicial para prevenir el femicidio puede ser un tanto reactivo y no ataca el problema de fondo. “El sistema penal aborda solo uno de los aspectos del femicidio, que es la violencia más extrema y que es reflejo de barreras estructurales que se mantienen constantes y son multicausales. Cuando ocurre el femicidio consumado, el sistema ya falló. Es la concreción ultima de la discriminación hacia mujeres y de un sistema que se sustenta en las diferenciales de poder”, analiza Ymay Ortiz, directora de la Unidad Especializada en Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.

Por eso, la abogada del Ministerio Público explica que el abordaje preventivo de la violencia debe ser sistémico, a pesar de los esfuerzos que deben seguir haciendo desde el derecho para proteger a las víctimas y entregarles un adecuado acceso a la justicia. Así, recalca en la importancia de seguir impulsando una Ley de Violencia Integral, un proyecto presentado en 2017 que actualmente se encuentra en el Senado y que tiene como objetivo garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mejorando tanto las respuestas institucionales como las acciones de prevención en la materia.

Además, es importante poder mejorar la capacitación en temáticas de género por parte de los funcionarios del Estado. “Hay que trabajar en capacitaciones reales. Sembrar la idea de una formación global en materia de género en las Escuelas de Derecho, trabajar a nivel local y de base. Mientras el problema no logre solucionarse de raíz, los jueces deberían moderar las concepciones neutrales del derecho e interpretar la ley con perspectiva de género. Y para eso hay que capacitarse”, explica Myrna Villegas. Para recoger esa sugerencia, desde la Unidad que dirige Ymay Ortiz tienen pensado crear una guía para la investigación de femicidios por razones de género, recogiendo experiencias internacionales, que permitan a los fiscales tener orientaciones en dichos procesos judiciales.

Pero el cambio cultural también viene de manos de las generaciones venideras. Por lo mismo, intervenir en la educación es clave para poder erradicar las bases de la violencia. “La violencia comienza en la infancia, y no se limita a situaciones familiares necesariamente porque ocurre en todos los espacios donde nos desarrollamos. Por eso, se debe trabajar desde antes, con acciones preventivas en jardines y colegios, donde se implementen contenidos sobre el respeto por la diferencia, la solución de conflictos de manera no violenta y donde no se perdone la violencia”, remata Silvana del Valle.

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