Acuerdo nacional de equidad y crecimiento sostenible: la propuesta de Progresismo con Progreso

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El grupo que integra a ex figuras de la Democracia Cristiana, como Mariana Aylwin, publicó una declaración con sus propuestas para hacer frente a a la crisis social que atraviesa el país. En lo medular se plantea recuperar el crecimiento económico, evitar los abusos y priorizar de gastos. "Un país que no crece y que a la vez no distribuye bien, engendra conflictos sociales".


A un poco más de dos meses del inicio de la crisis social que marcó el último tercio del año, las propuestas para hacerle frente no amainan. Por ello, es que desde el grupo Progresismo con Progreso, comparten esta jornada una primera declaración con algunas ideas, enfocadas en el eje del crecimiento económico.

Precisamente, el grupo integrado por exmilitantes de la Democracia Cristiana, plantea que el país requiere, ante todo, recuperar el ritmo de rendimiento económico. Para ello, proponen una fórmula que el gobierno ya ha echado mano: un acuerdo nacional.  "El país requiere de un Acuerdo Nacional de la sociedad chilena sobre una Plan Nacional de Equidad y Crecimiento Sostenible, financiado con ingresos permanentes por parte del Estado y con metas y medidas de corto, mediano y largo plazo", se lee en el documento.

Para el colectivo, el asunto del crecimiento resulta clave. "No podemos dejar de mencionar que un país que no crece y que a la vez no distribuye bien, engendra conflictos sociales. En efecto, nuestro país dejó de crecer al ritmo adecuado desde hace varios años y los anuncios para el 2020 no son auspiciosos.", agrega.

La idea no es nueva. A la base, se puede relacionar con la noción de crecimiento con equidad que planteó el Presidente Patricio Aylwin (DC) al inicio de su mandato (del que se cumplieron 30 años) como una forma de atenuar los efectos que había generado en la población -en especial la más vulnerable-, la aplicación a ultranza del modelo neoliberal impulsado desde el régimen de Augusto Pinochet.

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"El mercado tan solo, sin verse atenuado por políticas sociales para reducir la pobreza que crea en la ola de dinamismo, produciría un clima de inestabilidad que al final, acabaría con la sociedad. Chile parece haber descubierto un nuevo papel del Estado para Latinoamérica: dar al mercado rienda suelta para el crecimiento y después, junto con las necesarias inversiones en infraestructura, cobrar impuestos a la riqueza resultante para poner un piso bajo quienes caen en la pobreza", explicó el mandatario a El Tiempo en 1993.

Por ello, es que para Progresismo con Progreso "la equidad no sólo tiene una dimensión económica, también se refleja en el mal trato y la desigualdad. Requerimos que el Estado, las autoridades y líderes políticos y el sector privado actúen y tomen medidas para que la población, con argumentos plausibles, pueda percibir que el trato es igual para todos, que el imperio del derecho, el sistema económico, la cultura y las relaciones sociales, no distinguen entre ricos y pobres, nacionales o inmigrantes o entre personas de distinto género. Que la educación de calidad es un derecho que todos los niños, niñas y jóvenes tienen, y que las oportunidades reconozcan también el mérito y el esfuerzo".

Sin embargo, desde el grupo hacen hincapié que el plan de equidad y crecimiento "implica priorizar la asignación de recursos públicos, pues no hay fondos para todo". Declaración que llega a pocos más de un mes de haberse aprobado el presupuesto 2020, el que se incrementó en casi US$1.000 millones, a fin de atender la agenda social -en especial pensiones- lo que se financiará con endeudamiento (por US$9.000 millones) y venta de bonos soberanos.

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"El Estado responsablemente debe determinar en qué gastará y en qué dejará de gastar, ahora es el momento de terminar con desembolsos innecesarios o ineficientes que no guardan relación con el futuro que queremos para nuestro país", afirman desde el grupo.

Formado a inicios de 2018, Progresismo con Progreso surgió a partir de la renuncia a la DC de exmilitantes como la exministra de educación Mariana Aylwin, el ex presidente de Metro Clemente Pérez, el ex ministro Hugo Lavados y el ex superintendente Álvaro Clarke. El grupo decidió dejar a la tienda de la Falange, tras expresar sus críticas a la política de alianzas de la colectividad en los últimos años, en especial de lo que estimaron como un "giro a la izquierda" a partir de los acercamientos con el Partido Comunista y el Frente Amplio.

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