Luego de la acusación que hizo el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, en contra del gobierno de Gabriel Boric sobre que están “apitutando gente” antes de que concluya su administración, La Tercera le pidió al dirigente UDI y al equipo del presidente electo que entregaran antecedentes para sustentar la denuncia

En concreto, en la Oficina del Presidente Electo (OPE) acusaron un intento de dejar funcionarios afines instalados en el Estado, lo que fue leído en La Moneda como un cuestionamiento directo a la probidad de su gestión.

Este miércoles, en radio Biobío, Alvarado sostuvo que el equipo entrante aún no cuenta con un diagnóstico acabado sobre el estado de cada ministerio.

“Toda la información con la cual vamos a recibir el estado real de cada ministerio va a estar recién aproximadamente los primeros días de febrero”, señaló. En ese contexto, añadió que “un porcentaje de ellos (funcionarios) indudablemente está ahí por razones total y absolutamente políticas”.

Aunque la crítica al llamado “apitutamiento” no es nueva en los procesos de cambio de gobierno, Alvarado fue más allá al advertir que durante las últimas semanas se han intensificado concursos y nombramientos.

“Hay muchos llamados a concurso, se están llenando plantas que estaban desocupadas. Lo que nos genera dificultad porque son cargos de primer nivel, que deberían ser de confianza del gobierno que asume”, dijo, deslizando que podrían existir “pitutos” de última hora.

Las declaraciones no pasaron inadvertidas en Palacio. Ese mismo día, la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió con visible molestia y buscó cerrar el debate.

“Quiero reiterar algo que hemos dicho públicamente, que es de público conocimiento: nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple”, aseguró. Y agregó que “volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento, no se condice con la realidad”.

Pese a la dureza del cruce, al interior de la OPE dicen que los antecedentes se están recopilando, aunque sin una respuesta detallada.

Consultados formalmente sobre casos concretos, desde el entorno del presidente electo señalan que la revisión está siendo encabezada por Alvarado junto al equipo de Alejandro Irarrázaval.

De manera preliminar, apuntan a situaciones detectadas en carteras como Defensa y Cancillería. Particularmente en este último ministerio señalan que se habrían prorrogado nombramientos del primer nivel jerárquico.

En particular, en la OPE citan las renovaciones de contratos de Ignacio Fernández, director general de ProChile; Carlos Detleff, director nacional de Fronteras y Límites del Estado (Difrol), y Enrique O’Farrill-Julien, director ejecutivo de la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AGCID). Sobre los casos de Defensa, no entregaron ningún detalle.

Adicional a ello, desde el equipo de Kast también señalan el alto número de postulaciones abiertas en el portal de Empleos Públicos en las últimas semanas.

Allí se mencionan -por ejemplo- ofertas abiertas en la Subsecretaría de Evaluación Social o en la Subsecretaría de Seguridad Pública para cargos como “Jefe(a) de Departamento para el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos” o “Jefatura Departamento de Monitoreo de Programas Sociales”. Ambos puestos con remuneraciones por sobre $4 millones brutos.

Además, enviaron la convocatoria de dos llamados a concursos de cargos de menos envergadura de otras reparticiones, como servicios locales de educación pública.

Sin embargo, evitan precisar nombres o cargos específicos en ejercicio cuya contratación haya sido reciente. En esa línea, agregan que les ha llegado información de situaciones, pero no entregan ningún tipo de detalle de dónde provienen los antecedentes ni profundizan en ellos.

En paralelo, parlamentarios del Partido Republicano aseguran haber recibido denuncias desde distintas reparticiones del Estado -incluyendo ministerios y seremías en regiones- por contrataciones realizadas a menos de 40 días de la salida del actual gobierno. En ese sector sostienen que los antecedentes están siendo puestos a disposición de la OPE.

La respuesta del gobierno

Hasta este viernes el emplazamiento de la OPE a La Moneda siguió haciendo eco. La ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos, reforzó en Desde la Redacción de La Tercera lo expresado por Vallejo y advirtió que “todos los que son funcionarios de confianza van a dejar el gobierno a partir del once de marzo”.

Luego, agregó que "cosa distinta son cargos de concursos abiertos respecto a sistema de Alta Dirección Pública para efectos de que sobre la base del mérito de concurso puedan seleccionar altos directivos que tienen reglas propias. Hay concursos que están en curso, valga la redundancia, y que obviamente uno no puede generar una parálisis del Estado”.

La Tercera consultó, además, a Cancillería y Defensa sobre los emplazamientos particulares de la OPE. Desde el Minrel aseguraron a este medio que las personas citadas -Ignacio Fernández, Carlos Detleff y Enrique O’Farrill-Julien- “fueron seleccionadas el año 2023 por el Servicio Civil, a través del Sistema de Alta Dirección Pública (ADP), para cumplir las funciones que desempeñan actualmente”.

“Según el artículo 57 de la Ley 19.882, los nombramientos por ADP tienen una duración de tres años, pudiendo ser renovados, fundadamente, hasta dos veces, por igual plazo, siempre que esté bien evaluado y cumpla con los convenios de desempeño suscritos. Los funcionarios señalados cumplieron de manera más que satisfactoria con los requisitos establecidos, por lo que la autoridad, en el uso de sus facultades, renovó sus nombramientos. En estos casos específicos, cabe destacar además que, no solo cuentan con una probada experiencia en sus áreas de desempeño, sino que, previo a su nombramiento, eran funcionarios con dilatada trayectoria en los organismos que hoy dirigen”, sumaron desde el Mintrel.

Además, destacaron: “Sin perjuicio de lo anterior, las nuevas autoridades tienen para efecto de la remoción la normativa y directrices del servicio civil”. Esto, apuntando a que pueden desvincularlos al llegar al poder.

En el ministerio de Adriana Delpiano, en tanto, no entregaron versiones, hasta el cierre de esta edición.

Desde el Ministerio de Seguridad, donde la OPE cuestionó que se concursara el cargo de “Jefe(a) de Departamento para el Departamento de Orden Público y Eventos Masivos”, se planteó que “se trata del segundo llamado a concurso, puesto el primero se declaró desierto debido a la falta de idoneidad para el cargo de los postulantes. En estos momentos se está gestionando el concurso bajo asesoría de la ADP y es altamente probable que el cargo sea definido por la administración entrante”.

Además, en La Moneda también recuerdan que debieron enfrentar críticas de la oposición en el pasado por no apurar el nombramiento de este último cargo.