El caso del sicario de Meiggs sigue atormentando a los distintos poderes del Estado. En los últimos días ministros del gobierno, así como autoridades de Gendarmería y Fiscalía han acudido al Congreso a entregar antecedentes de la polémica liberación de Alberto Mejía Hernández, quien fue excarcelado luego que se decretara su prisión preventiva por el homicidio de un empresario del barrio Meiggs.

Con los últimos antecedentes sobre la mesa, en su habitual punto de prensa, la ministra Camila Vallejo señaló que el Ejecutivo “comparte y entiende la indignación, la rabia y la molestia que genera el caso del sicario que fue liberado”.

“Esto es un hecho de suma gravedad y lo hemos señalado así. Nadie está tomando y nadie puede tomar este caso con liviandad y por lo mismo es tan importante que existan en paralelo dos investigaciones. Las sumarias o administrativas junto con las investigaciones que instruyó el Ministerio Público, para encontrar o perseguir la comisión de un posible delito tras la liberación de este sicario”, sostuvo.

Al ser consultada respecto a la posición del gobierno ante este caso, la ministra reconoció que se necesitan “medidas adicionales que adoptar en el corto plazo para reforzar nuestras instituciones y que dejen de ser permeables, en primera instancia a errores, pero también a delitos".

Sumado a ello, Vallejo recalcó la importancia de “seguir trabajando en las legislaciones que sean necesarias y la disposición de los recursos necesarios para mejorar nuestros estándares”.

Por otra parte, la vocera señaló que el “esfuerzo hoy día tiene que estar centrado no sólo en cómo evitamos que esto pase, esclarecer los hechos para llegar con los responsables y aplicar las sanciones o penas correspondientes, sino que también en que se logre con éxito la recaptura de esta persona”.