Congreso despacha veto que elimina intereses en pago de permisos de circulación con críticas a gobierno

Pasadas las 14.30 horas de este martes, el Presidente Sebastián Piñera envió a la Cámara de Diputados un veto sustitutivo para subsanar los vacíos de la ley -despachada por el Congreso el viernes pasado- que suspendía hasta el 30 de junio la aplicación de multas a quienes no hubiesen renovado su permiso de circulación, iniciativa que tuvo su origen en una moción parlamentaria y se impulsó como una medida para evitar aglomeraciones en el marco del avance del Covid-19.

En concreto, el texto corrigió dos aspectos que no habían quedado resueltos en la normativa despachada a ley por el Congreso. Por un lado, que mientras rija la ampliación de la vigencia del permiso -que vencía la noche de este martes-, no se podrán cobrar los intereses asociados a dicha prórroga y, por otro, la posibilidad de que el pago pueda realizarse en dos pagos diferidos: el primero, antes del 30 de junio, mientras que el segundo deberá abonarse antes del 31 de agosto del presente año.

Y si bien la enmienda fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados los legisladores emitieron duras críticas al gobierno y le recriminaron al Ejecutivo no haberse hecho parte antes de la tramitación de la iniciativa en su rol de colegislador.

“El Presidente no nos está haciendo ningún favor, es lo que debería haber hecho hace mucho tiempo”, lanzó el oficialista Andrés Longton (RN) durante el tenso debate que se suscitó en la Cámara Baja,

En la misma línea, su par de la UDI, Celso Morales, cuestionó que La Moneda haya traspasado el costo de su inacción en la tramitación del proyecto a los legisladores. “El rol del gobierno no ha sido el más acertado (...); se ha sumado tarde a esta iniciativa y ha colocado a este Congreso en una polémica con la comunidad que no corresponde”, indicó.

En la oposición también cuestionaron la medida del gobierno. “Señor Piñera, usted es un irresponsable, lo que anunció hoy día lo debió hacer anunciado hace una semana. Lo que hizo es criminal”, sostuvo Raúl Soto (PPD), mientras que una de las autoras del proyecto, Claudia Mix (Comunes), criticó que el ministro Felipe Ward (Segpres) no hiciera un “mea culpa”.

Ese mismo debate se replicaría -con matices- luego en la discusión del veto en el Senado. El vicepresidente de esa corporación, Rabindranath Quinteros (PS), subrayó que las aglomeraciones que se dieron durante la jornada para el pago de los permisos y la exposición innecesaria a un eventual contagio del coronavirus eran de “responsabilidad exclusiva del Presidente de la República”. Mientras que desde la DC, Yasna Provoste advirtió que “con este veto solo se soluciona lo que dice relación con las multas e intereses, pero no se hace cargo del déficit que tendrán los municipios”.

En Chile Vamos, sin embargo, defendieron la decisión presidencial. “Basta de echarle la culpa al gobierno, asumamos nuestra responsabilidad con este proyecto, yo me equivoqué”, sostuvo el jefe del comité UDI, Iván Moreira. Mientras que el senador José Manuel Ossandón (RN) llamó a sus pares a admitir que este fue un error del Congreso.

La controvertida normativa ya había sido foco de polémicas en el Congreso, justamente, luego de que el Senado declarara inadmisible el proyecto firmado por un grupo transversal de diputados y que facultaba a los consejos municipales para extender la vigencia del permiso. En esa oportunidad, la Cámara Alta advirtió que no podría cursar su tramitación dado que se trataba de un texto que incidía en la Ley de Rentas Municipales y afectaba, además, las atribuciones de los gobiernos locales, ambas iniciativas exclusivas del Presidente de la República.

El episodio generó una disputa con la Cámara Baja, desde donde al conocer la decisión de sus pares decidieron también declarar inadmisible una moción con el mismo objetivo, pero impulsada por senadores. “Hicimos el loco como Congreso”, dijo en esa oportunidad el senador Jorge Pizarro (DC).

La controversia finalmente tuvo que ser zanjada en una comisión mixta, donde se determinó un texto que fue corregido por el veto del Mandatario, luego de que distintos alcaldes señalaran que lo aprobado por los parlamentarios se trataba de una “mala ley” y advirtieran sobre el impacto que esta tendría sobre las arcas municipales en momentos de crisis.