Treinta y ocho mensajes presidenciales -trece de gobiernos pasados- se han convertido en ley desde la última cuenta pública, realizada por el Presidente Gabriel Boric el 1 de junio de 2024.

La reforma de pensiones, la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, la Ley de Cumplimiento Tributario y la nueva Ley Antiterrorista figuran entre los principales logros del Ejecutivo.

Sin embargo, hay al menos cinco anuncios legislativos del Presidente, comprometidos ante el Congreso Pleno, que se quedaron en el discurso, han tenido poco avance legislativo o se entramparon en asuntos administrativos: aborto, eutanasia, negociación ramal, impuesto a la renta y la reforma al sistema político.

Reforma política: “Construir un consenso”

“La capacidad del sistema político chileno de alcanzar acuerdos se ha erosionado, con lo cual las demandas de la ciudadanía quedan sin respuestas y se postergan decisiones que son fundamentales para el desarrollo del país. Por ello, considero necesaria una reforma al sistema político que, sin sacrificar representatividad, evite fragmentación y fortalezca la democracia. Comparto varias de las propuestas que, en este sentido, se han debatido públicamente y he encomendado al ministro secretario general de la Presidencia construir un consenso para poder legislar al respecto”, dijo, por ejemplo, el Presidente Boric en su intervención del año pasado en la que le asignaba la tarea a Álvaro Elizalde (PS), entonces titular de la Segpres y hoy ministro del Interior.

No obstante, hasta la fecha, a semanas de que se cumpla un año de la cuenta pública, el secretario de Estado aún no logra cerrar un acuerdo. Incluso, ante la demora del Ejecutivo, un grupo de senadores -del PS, del PPD, de RN, de la UDI y de Evópoli- se anticipó y presentó en noviembre del año pasado una reforma constitucional por cuenta propia.

El gobierno intentó subirse a ese carro legislativo y presentó indicaciones, pero casi todas sus enmiendas fueron rechazadas.

Si bien en las últimas semanas, Elizalde ha intensificado gestiones con presidentes de partidos de Chile Vamos y del oficialismo, a quienes les repartió una minuta con propuestas para tratar de salvar la reforma política, hay un diagnóstico generalizado en que la moción de los senadores -que plantea un umbral a los partidos para acceder a la representación en la Cámara- difícilmente podría aplicarse para las elecciones de este año.

La complejidad radica en que el llamado umbral (un mínimo del 5% de los votos o al menos 8 legisladores electos) incide en la conformación de alianzas electorales, por lo tanto, lo lógico es que una medida de esa naturaleza esté publicada antes del 18 de agosto, fecha en que vence el plazo para declarar pactos y candidaturas al Congreso.

Ahora, el plan B que está trabajando el ministro del Interior apuesta por un paquete de ajustes legales -no una modificación a la Carta Fundamental, como plantea la moción de los senadores-, que mire un horizonte más largo y no esté amarrada a estas elecciones.

La propuesta alternativa del gobierno debiera ver la luz recién en la semana previa a la próxima y última cuenta pública de Boric ante el Congreso.

Aborto: “Necesidad de debate”

“Como Presidente de la República, estoy convencido de la necesidad de dar un debate democrático en materia de derechos sexuales y reproductivos, pese a que algunos diputados hombres se opongan. Por ello, es que durante el segundo semestre de este año ingresaremos un proyecto de ley de aborto legal que someteremos a la discusión correspondiente con el compromiso que anima a nuestro gobierno de avanzar y de no retroceder”, dijo Boric.

El anuncio, sin embargo, ya no se cumplió en los plazos, ya que La Moneda aún no envía un mensaje al Congreso.

A pesar de que el compromiso de mantiene, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana (Frente Amplio), fue la encargada de comunicar, en diciembre del año pasado, que el envío del proyecto que amplía las causales de aborto se postergaba por razones “técnicas y políticas”.

Uno de los motivos era esperar a que Contraloría se pronuncie sobre el reglamento de la ley de aborto en tres causales (que hoy está contemplado en la legislación) antes de avanzar con la nueva iniciativa.

“(El motivo) técnico es que, si hay cosas que estima la Contraloría que quedan fuera de la potestad administrativa del Ejecutivo, deben ser ingresadas en el proyecto, porque, si no, nos pueden quedar fuera de la idea matriz quizás y no las vamos a poder indicar después", dijo Orellana.

Este trámite en la Contraloría ha sido lento, por un ir y venir de consultas.

Sin embargo, también hay factores políticos. El aborto incomoda a la DC y el gobierno no tiene votos para avanzar en este tema.

Eutanasia: “Impulsaremos”

“Pondré urgencia e impulsaremos el proyecto de ley de eutanasia y cuidados paliativos que está actualmente en el Senado, porque aprobar esta ley es un acto de empatía, de responsabilidad y de respeto”, dijo Boric en 2024.

El compromiso del Mandatario al menos se cumplió parcialmente, ya que el gobierno le puso urgencia a la moción de autoría del diputado Vlado Mirosevic (liberal). De hecho, desde junio de 2024, el Ejecutivo ha renovado 39 veces la urgencia, incluso con la calidad de “discusión inmediata” (máxima celeridad).

El problema es que ello no ha sido suficiente y la Comisión de Salud del Senado, donde está radicada la iniciativa, no se ha puesto en votación.

Si bien el expresidente de esta instancia, el senador Javier Macaya (UDI) y su sucesor, Iván Flores (DC), han priorizado otras materias, Mirosevic apuntó especialmente a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, por el casi nulo avance del proyecto. “En casi un año desde la última cuenta pública no hemos visto un avance en la tramitación... No puedo entender por qué la ministra de Salud ha hecho tan poco para que sea ley”, dijo el legislador liberal en una reciente entrevista en La Tercera.

Impuesto a la renta: “Simple y justo”

“Seamos claros, estimados y estimadas: más allá de nuestras diferencias ideológicas, que son legítimas, la economía chilena no soportaría una nueva ola de gasto público si no tiene el financiamiento adecuado para ello, y la ciudadanía a su vez no soportaría más expectativas frustradas o promesas incumplidas. Por eso, invitamos a todos los miembros de este Congreso Nacional a flexibilizar posiciones para poder encontrar fórmulas para que quienes tenemos más recursos, paguemos más. Es tan simple y justo como eso. Ese es justamente el objetivo del proyecto de reforma al impuesto a la renta que enviaremos próximamente al Congreso”, señaló el jefe de Estado el 1 de junio del año pasado.

No obstante, el realismo político pudo más y ante la resistencia declarada de la oposición, que tiene mayoría en el Senado, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, corrigió a la baja el anuncio presidencial.

La iniciativa proponía reducir la tasa de las empresas del 27% al 24% y aplicar una compensación fiscal, a través de un alza de impuestos a las rentas personales más altas.

“Hemos decidido postergarlo indefinidamente por cuanto no habiendo apoyo de una parte importante del Congreso y al mismo tiempo habiendo una serie de otras materias que sí requieren prioridad, tenemos que ser pragmáticos y concentrarnos en aquello en lo cual necesitamos avanzar con mayor rapidez y donde ese avance es más probable”, dijo Marcel, quien añadió que igualmente esperaba que el tema se aborde en el futuro.

Por tal razón, precisó que el Ejecutivo dejará “un documento técnico explicando lo que es el contenido de esa propuesta, para que, en instancias y oportunidades que no estén apremiadas por la situación política y el escenario político actual, se pueda ponderar adecuadamente su contenido”.

Negociación ramal: “Me comprometo”

“En homenaje a tantas y tantos luchadores sociales, me comprometo con el mundo sindical, tal como acordamos recientemente con la CUT, a iniciar un proceso de diálogo tripartito entre autoridades, trabajadores y empresarios, que culmine a fines de este año con la presentación al Congreso de un proyecto de ley de negociación colectiva multinivel (también llamada ramal o sectorial)”, señaló el Mandatario ante el Congreso Pleno.

Tras el trabajo de esa mesa técnica, que culminó en octubre de 2024, el 20 marzo pasado, la entonces ministra del Trabajo, Jeannette Jara (PC), se reunió con la directiva de la CUT para presentarles sus conclusiones y los ejes generales del proyecto de negociación ramal.

Sin embargo, todavía no hay claridad de cuándo La Moneda dará el paso legislativo.

Impacientes por la demora, en marzo, un grupo de diputados oficialistas, encabezados por Andrés Giordano (Frente Amplio), presentó un proyecto de acuerdo para solicitarle al Presidente Boric el envío “urgente” de la negociación ramal al Congreso. Esa petición, sin embargo, también está pendiente y no se ha votado en la sala de la Cámara.

La última señal pública fue expresada a inicios de mayo por el actual ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo (Frente Amplio), quien en una entrevista con El Desconcierto dijo que “establecimos con la CUT un compromiso de enviar este proyecto de ley entre los meses de septiembre y octubre, entendiendo que respecto de las contingencias y las temporalidades de todos los proyectos que enviamos como gobierno, es finalmente el Presidente el que decide los momentos".