A las 16.00 horas de esta tarde, el vicepresidente Álvaro Elizalde dará la bienvenida a La Moneda a Pablo Silva, el presidente de la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi). El encuentro entre los dos militantes del Partido Socialista se da a solo 24 horas desde que La Moneda responsabilizara a los gobiernos regionales por el aumento en los recursos destinados a ProCultura.

“Estos (los recursos asociados a ProCultura) corresponden, en su gran mayoría, a gobiernos regionales, que son instituciones autónomas, que no dependen del Presidente de la República”, dijo ayer Elizalde en Radio ADN. “Este aumento de ingresos (de las fundaciones) viene esencialmente de donaciones de privados o de transferencias de los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son escogidos democráticamente y no son dependientes del Poder Ejecutivo”, complementó la ministra Aisén Etcheverry en su vocería.

Los dichos de los ministros causaron preocupación entre los gobernadores regionales, quienes mantuvieron comunicación con su presidente durante esta mañana para evaluar cómo responder al Ejecutivo, que, con sus declaraciones, endosó la responsabilidad a ellos del escándalo que protagoniza Alberto Larraín, un amigo del Presidente Gabriel Boric.

En conversación con La Tercera, Silva, quien es el gobernador de la Región de O’Higgins, adelantó que esta reunión se sostendrá “con el objetivo de dialogar varias materias de relevancia para los gobiernos regionales. Entre ellas, respecto a los recursos que diferentes GORE invirtieron en fundaciones”.

En ese sentido, Silva puntualizó que “el caso Convenios por cierto que nos preocupa y, en ese sentido, el Ministerio Público está investigando a las regiones hace varios años para determinar responsabilidades. A la fecha estamos esperando esos resultados y lo prudente es referirse a esos elementos cuando contemos con todo el sustento de la indagatoria penal".

“Por ahora respetamos la presunción de inocencia de cada persona que ha sido relacionada con el caso. Debemos ser muy prudentes“, enfatizó.

Además de lo relativo a ProCultura, Silva comentó que otro de los puntos que planea abordar con el vicepresidente es que “necesitamos avanzar de forma prioritaria en materia de descentralización. Por eso hablaremos sobre una idea impulsada por el Presidente Boric para confeccionar una reforma constitucional que nos permita tener independencia y autonomía financiara, muy similar a lo que ocurre con las municipalidades". Junto con eso, pretende abordar medidas que permitan la creación de la división de prevención del delito en los GORE y el proyecto de ley Regiones Más Fuertes.

Por su parte, el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, subió el tono contra el gobierno, afirmando que “el ministro del Interior falta a la verdad cuando señala que son los gobiernos regionales los responsables del traspaso de fondos a ProCultura”.

A su juicio, las declaraciones del Ejecutivo “le hacen daño al proceso de descentralización y, por ende, atentan contra el bienestar de nuestras comunidades. ¿Por qué enlodar al resto de las instituciones sin hacerse cargo de sus propias responsabilidades? Como dijo el Presidente: ‘caiga quien caiga’”, cerró.

El tema es que en privado varios gobernadores han manifestado su creciente molestia por lo que consideran un intento del gobierno central de responsabilizarlos de manera “injusta”, según dicen, en el caso ProCultura.

En sus grupos de WhatsApp, de hecho, comenzaron a circular las cifras de los convenios que ha sostenido ProCultura con distintas reparticiones del Estado. Según esos datos, de las 94 transferencias registradas hacia ProCultura, 72 provienen de instituciones del nivel central, 18 fueron realizadas por gobiernos regionales y 4 por municipios.

A partir de esto, acusan que las recientes declaraciones del Ejecutivo consolidan un clima de tensión que se venía gestando desde hacía semanas y que fue transmitido formalmente a Elizalde en la reunión de Agorechi realizada el lunes de la semana pasada, apuntando esa vez a las presiones para financiar iniciativas del Ejecutivo.

Las cifras compartidas entre los miembros de Agorechi también muestran que el mayor número de transferencias proviene de la Subsecretaría de las Culturas y las Artes (37), seguida por el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (10), ambas entidades del nivel central.

Pese a lo anterior, el Ministerio Público ha señalado en reiteradas ocasiones que, en términos generales, los recursos investigados respecto de fundaciones provienen de gobiernos regionales.

Como sea, este disgusto, acusan, responde a “la liviandad con la que se deslindan responsabilidades”. De hecho, aseguran que, pese a las diferencias que tuvieron con la exministra del Interior, Carolina Tohá, consideran que la reacción del actual ministro Elizalde “superó todos los límites”.

Sin embargo, admiten que la molestia no puede ser hecha ver con toda la contundencia que esperaban. Algunos gobernadores comentan en privado que, dado que el presidente de Agorechi milita en el Partido Socialista, la defensa institucional podría no ser tan firme como la que habrían querido.