El Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal entregó este lunes desde el Palacio de La Moneda un detalle de una serie de hallazgos preliminares que ha realizado en su investigación respecto al funcionamiento del Estado y el uso de recursos durante el período 2022-2026.

La información detallada esta jornada surge de la revisión de registros de datos por parte del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno de Chile (CAIGG).

En particular, según señaló esta jornada la subsecretaria de la Secretaría General de Gobierno, Constanza Castillo, se revisaron un total de 913.010.154 registros en más de 500 servicios dependientes del gobierno central.

En ese aspecto, la subsecretaria mencionó que los recursos involucrados que habrían generado alerta durante el trabajo estos dos meses ascenderían a más de 9.200 millones de dólares.

“Es importante señalar que esto no implica necesariamente existencia de fraude. Acá existen distintos tipos de situaciones. Errores, inconsistencia, mala gestión, debilidades estructurales de control, ineficiencias graves y en algunos casos específicos antecedentes que podrían eventualmente configurar irregularidades o incluso hechos de relevancia penal”, enfatizó al respecto Castillo.

Deudas traspasadas al nuevo gobierno

La primera alerta detallada por el Ejecutivo se vincula a la postergación de pagos del período 2025 a 2026.

En ese sentido, denuncian que aquel monto ascendería a los 3.200 millones de dólares, cercano a lo que sería el 1% del PIB.

“Esta postergación corresponde al nivel más alto detectado en los últimos traspasos presidenciales. El monto casi triplica lo traspasado en el gobierno de Michelle Bachelet a Sebastián Piñera y prácticamente duplica lo traspasado en el gobierno de Sebastián Piñera a Gabriel Boric”, señaló Castillo.

En ese sentido, detalló que los principales afectados serían diversos proveedores de atención de salud, cuya deuda ascendería hasta los US$ 1.000 millones.

Detrás de esto se encontraría Junaeb con US$ 650 millones. También existiría una deuda vinculada al pago de la gratuidad universitaria por US$ 400 millones y US$ 268 millones de deuda con 9.986 pymes proveedoras del Estado.

Investigación particular

Por otro lado, el comité del gobierno mencionó que habrían solicitado la apertura de investigaciones particulares y auditorías en cuatro instituciones, esto tras los resultados de este tercer informe.

En particular, estas instituciones serían la Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transporte y la Anid.

“Tras dicha investigación y auditoría, si los antecedentes muestran señales significativas, también se oficiará a los respectivos servicios para que remitan los antecedentes a las instituciones competentes que correspondan, como la Contraloría General de la República, el Consejo de Defensa del Estado o el Ministerio Público”, mencionó la subsecretaria Castillo.

Según el detalle de la investigación, en la Junta Nacional de Auxilio y Becas (Junaeb) habrían detectado “posibles fraudes e irregularidades en licitaciones del Plan de Alimentación Escolar, con pagos por servicios no realizados y sobreprecios”.

En el caso del Ministerio de la Mujer, mencionan que observaron un “uso ineficiente y falta de control de recursos públicos y resultados”.

En el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, señalan que se detectaron “graves problemas de control financiero, rendiciones pendientes y no cobro de multas y garantías”.

Finalmente, en la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (Anid) mencionan que observaron “altos niveles de rendiciones rechazadas y recursos pendientes de rendición”.