Algunas en La Moneda se enteraron durante el lunes en la noche. Desde el Ministerio de la Mujer habían anunciado la decisión de solicitar la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco.

Lo que no sabían -aseguran en el gobierno- es que la ahora exfuncionaria se encontraba en medio de un tratamiento por cáncer de mama triple negativo, que le fue diagnosticado el año pasado. Desde la cartera liderada por Judith Marín, en tanto, manejaban que Carrasco ya había terminado con ese proceso.

En ese contexto, las críticas no tardaron en aparecer. Mientras que desde la oposición fue la exministra de la Mujer Antonia Orellana, quien comenzó con la ofensiva contra el Ejecutivo acusando “una contradicción evidente”, desde el oficialismo figuras como la exministra Karla Rubilar, Evelyn Matthei y las senadoras María José Gatica y Paulina Núñez apuntaron contra la decisión.

“Hay límites en política y en la vida. Da igual como hayan actuado ellos en su gobierno, como la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión”, cuestionó la presidenta del Senado.

Mientras que desde el ministerio justificaron la decisión tras una auditoría interna que apuntaba a problemas en la gestión de Carrasco, este martes en la mañana fue el propio Presidente, José Antonio Kast, quien salió a defender la remoción.

“Tenemos un deber de que la gestión esté bien hecha, que las confianzas estén asentadas. La confianza no se dio, no se daba, porque tenemos miradas distintas de cómo gestionar una repartición tan importante como la SernamEG, como es PRODEMU (fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer), como es en general el Ministerio de la Mujer. Y hemos ido encontrando situaciones complejas que se irán comunicando paso a paso a la ciudadanía", dijo en entrevista con la Archi.

Eso sí, reconocío que “hay una situación humana compleja, nosotros estamos dispuestos a colaborar en todo lo que sea humano, tratamiento médico”.

Al respecto, desde el Ejecutivo precisan que el Mandatario se refería a la indemnización que recibirá Carrasco al tratarse de una renuncia no voluntaria y que -según explican- corresponde a un mes por año en el cargo.

La funcionaria es recordada por su rol en la polémica salida de Isabel Amor del SernamEG de Los Ríos, durante el gobierno de Gabriel Boric, dos días después de asumir el cargo, por “pérdida de confianza”, una de las razones que miran en La Moneda para justificar el despido de Carrasco. Y es que tras su remoción, Amor acusó que se debió a la condena que cumplió su padre por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Tras la explicación de Kast, en todo caso, en el oficialismo mantuvieron las críticas.

En entrevista con CNN Chile, la jefa de bancada de la UDI, Flor Weisse, aunque planteó que la pérdida de confianza es un tema a tener en consideración, reconoció que “es una situación compleja, sin ninguna duda. Un cáncer es una enfermedad terrible (...). He planteado que se busque una fórmula donde ella no quede al desamparo respecto de la fragilidad de salud que hoy está viviendo. Se pudo haber buscado una alternativa para que continúe cumpliendo un rol si su salud lo permite”.

Así, aseguró estar convencida de que “faltó haber socializado más esa decisión, haberlo conversado previamente de manera de tener un discurso en común y no abrir estos flancos que nada le hacen bien al gobierno“.

La diputada de RN y vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, en tanto, cuestionó la explicación de La Moneda y recalcó que “el gobierno del presidente José Antonio Kast ha hecho un esfuerzo real por instalar el cáncer como una prioridad país, con una mirada mucho más humana y cercana. La decisión administrativa adoptada por el Ministerio de la Mujer es una mala señal que no debemos transmitir al país”.

En el PDG también cuestionaron al Mandatario. “Creo que las cosas se podrían haber hecho de forma diferente, sobre todo considerando la situación de salud de esta funcionaria. Más allá de si existían conflictos por pérdida de confianza o diferencias políticas, pedirle la renuncia de esta manera no es empático”, dijo la subjefa de bancada Támara Ramírez.

La diputada Zandra Parisi, en tanto, afirmó que “como integrante de la Comisión de Familia, he pedido citar a la ministra Judith Marín para que explique fundadamente las razones de la solicitud de renuncia (...). Nunca las razones políticas deben estar sobre la necesaria humanidad que se requiere frente a una situación de salud de esta envergadura”.

La expresidenta Michelle Bachelet también criticó la decisión. “Cuando una autoridad elegida por ADP, no a dedo, que está además en un tratamiento de quimioterapia por un cáncer muy grave y se le pide la renuncia, creo que me preocupa la señal. Es una señal súper preocupante del valor que le damos al cuidado, la dignidad y los derechos de las personas y las mujeres”, afirmó.

El argumento para sacarla

Desde el Ejecutivo insisten en que la remoción responde a criterios estrictamente técnicos y de gestión.

Según los antecedentes levantados por el ministerio la salida de Carrasco se sustenta en una serie de observaciones críticas detectadas en la gestión del SernamEG como parte de una auditoría interna.

Entre los principales reparos se identifican retrasos reiterados en la entrega de información, respuestas incompletas a requerimientos formales y la existencia de antecedentes inconsistentes o parciales. A juicio de la cartera, esto vulnera principios básicos de la administración pública, como la eficiencia y la probidad.

Muchas de las justificaciones están amparadas en posibles incumplimientos a la Ley 18.575, que establece la organización, principios y funcionamiento de la Administración del Estado chileno. Ésta regula la actuación de sus órganos y funcionarios para garantizar eficiencia, transparencia y respeto a los derechos de las personas.

El informe que decidió la salida de Carrasco habla de un “escenario de riesgo institucional alto”, caracterizado por debilitamiento del control interno, pérdida de confiabilidad de la información y exposición a riesgos operacionales, financieros y reputacionales. Esto, apuntando a “falta de veracidad, integridad y trazabilidad”, explicitando que la información presenta inconsistencias, omisiones y una tendencia a remitir antecedentes parciales o sesgados.

A Carrasco también se le acusa de intervenir flujos de información, estar desalineada con instrucciones ministeriales, comunicaciones imprecisas y concentración de gestión.

Uno de los focos más sensibles es la situación de Prodemu. El ministerio advierte una falta de gestión oportuna frente a la crisis financiera de la fundación, junto con el uso ineficiente de más de $6.100 millones en programas sin evaluación verificable de resultados. A ello se suma el riesgo de incumplimientos contractuales y eventual paralización operativa.

Las conclusiones preliminares de dicho informe acusan que las prácticas “obstaculizan gravemente” el ejercicio de la supervigilancia ministerial y la toma de decisiones oportunas, exponiendo al sistema institucional a riesgos críticos que requieren atención inmediata".

Y concluye: “Las situaciones descritas configuran fundamento suficiente de pérdida de confianza y ruptura del vínculo de servicio que exige el cargo (...). Se recomienda proceder con urgencia, atendido el riesgo institucional descrito”.