La comisión de la Cámara de Diputados que investigó la fallida compra de la casa de Salvador Allende votó las conclusiones y propuestas que se incluirán en el informe que presentarán ante la Sala, siendo la propuesta del presidente de la instancia, Andrés Longton (RN), la que finalmente se aprobó.

El escrito realizado por los parlamentarios Longton y Paula Labra (Ind.) y al que adhirieron Leonidas Romero (Partido Nacional Libertario), Gustavo Benavente (UDI), Luis Sánchez (Republicano) y Joanna Pérez (Demócratas) fue aprobado con siete votos a favor y cinco en contra.

Junto con ello, será el diputado Benavente quien leerá el informe ante la sesión de Sala.

Asimismo, en la comisión primero se votó el informe realizado por Raúl Leiva (PS), que fue rechazado con seis votos en contra y cinco a favor. En la instancia, el parlamentario Romero expresó que en el escrito “le faltó hacerle un queque a la familia Allende”.

Tras la comisión, el presidente de la instancia, Andrés Longton, manifestó que “es inaceptable y revela cómo este gobierno ha gobernado nuestro país durante estos casi cuatro años con una liviandad y una frivolidad que es inaceptable para efectos de ocupar la más alta magistratura y cargos de esta responsabilidad. Y en ese sentido nosotros establecimos que no hay forma que el gobierno no haya conocido de esta inhabilidad a pesar de todas las advertencias”.

Por su parte, la diputada Labra señaló que “el informe aprobado es bastante claro respecto a que esta operación de compra jamás fue aprobada por el Congreso, como mañosamente el ministro Elizalde y otras autoridades de gobierno pretendieron instalar”

Las conclusiones

En el texto aprobado por la comisión, en las conclusiones previas los diputados apuntan contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de tener una “obsesión” por “apropiarse del legado y de la figura del expresidente Allende, desembocando en una de las crisis políticas más profundas del actual gobierno, arrastrando consigo ministros de Estado e incluso a una senadora de la República, hija de quien buscaba ser homenajeado por el mandatario”.

Asimismo, el informe presenta nueve puntos, donde expresan que aristas marcan como importantes, y que se deben realizar:

1. El Vía Crucis Presupuestario: de Cultura a Bienes Nacionales, la trama del traspaso de recursos públicos. Se identifica una desviación del objeto original del gasto público, que estaba destinado a fines culturales producto del desarrollo de un proyecto museologico, hacia una operación inmobiliaria improvisada. El traspaso de fondos desde el Ministerio de las Culturas al Ministerio de Bienes Nacionales careció de justificación técnica clara y fue impulsado por motivaciones políticas, desnaturalizando lo aprobado por el Congreso.
2. La inexistencia de un protocolo claro de retasación: improvisación técnica y vulnerabilidad institucional. La retasación del inmueble fue realizada sin un protocolo normativo claro. La modificación del valor originalmente tasado responde a solicitud de cambio por parte de quién vende y demuestra la debilidad del sistema frente a intereses particulares. La falta de procedimientos formales abrió espacio a decisiones arbitrarias.
3. Sin acta, sin correos, sin huellas: la oscuridad en la toma de decisiones gubernamentales. Se denuncia la ausencia total de registros institucionales formales (actas, correos, minutas) que permitan reconstruir la toma de decisiones. Esto revela una opacidad deliberada y vulnera principios constitucionales como la transparencia, rendición de cuentas y probidad.
4. Instrumentalización del control externo para encubrir responsabilidades políticas del Ejecutivo. El Ejecutivo habría utilizado de forma tergiversada las palabras de la Contralora General de la República para validar su actuar. Además, la Secretaría General de la Presidencia no adoptó medidas preventivas ante inhabilidades conocidas, y omitió comunicar al Presidente los riesgos constitucionales, permitiendo avanzar en una operación viciada.
5. La Compra Controvertida: beneficios económicos para la familia Allende en desmedro del interés público. El precio acordado por la casa favorecía económicamente a la familia Allende, sin justificación técnica suficiente, desechando alternativas como su declaración como monumento histórico.
6. Control Dual, Responsabilidad Difusa: el laberinto jurídico de la adquisición pública. Diversos organismos intervinieron parcialmente en el proceso sin asumir responsabilidad integral, lo que facilitó que una operación jurídicamente cuestionable avanzara. Se evidencia un vacío institucional para tratar adecuadamente los conflictos de interés, generando una cultura de impunidad administrativa.
7. El rol del Presidente de la República: la ignorancia de la Constitución como excusa y el deber omitido. El Presidente Boric intentó eludir su responsabilidad política argumentando desconocimiento de las inhabilidades legales. Esta justificación es institucionalmente inaceptable, ya que las advertencias existieron y debieron haberle sido comunicadas por su equipo más cercano.
8. Asesores del Segundo Piso: arquitectos en la sombra de una operación temeraria. Leonardo Moreno y Bernardita Nazar habrían liderado, desde el Segundo Piso de La Moneda, una presión sistemática para concretar la compra pese a advertencias técnicas. Su renuncia estratégica antes de comparecer ante la Comisión constituye una forma de eludir responsabilidades, revelando una grave falla de control y supervisión institucional.
9. Francisca Moya y la División Jurídico-Legislativa: cuando los guardianes de la firma del Presidente fracasaron. La División Jurídico-Legislativa, liderada por Francisca Moya, no cumplió su rol de proteger al Presidente de firmar actos jurídicamente cuestionables. A pesar de contar con antecedentes sobre conflictos de interés e inhabilidades, permitió que el decreto de compra avanzara sin objeciones. Este fracaso institucional comprometió la imagen y la responsabilidad del Ejecutivo.