“Ningún diputado o senador, desde el día de su elección o desde su juramento, según el caso, puede ser acusado o privado de su libertad”, señala en su inciso segundo el artículo 61 de la Constitución que consagra el llamado fuero parlamentario.

Esta protección, que solo puede ser removida por una Corte de Apelaciones, con su eventual ratificación de la Corte Suprema, sin embargo, abre una incógnita jurídica, no resuelta entre las autoridades del Congreso, respecto de aquellos diputados ya desaforados en caso de que sean elegidos al Senado o revaliden sus escaños en una nueva elección.

De hecho, hay dos diputados comprometidos judicialmente, cuyas postulaciones a la Cámara Alta no pueden ser objetadas por un mero desafuero: los independientes Francisco Pulgar y Miguel Ángel Calisto.

Incluso, algunos juristas temen que, en vista de lo que señala la Carta Fundamental, si esos legisladores salen elegidos, podrían recuperar su fuero parlamentario, además de que el Senado tampoco tiene constancia oficial de los procesos en su contra, ya que las notificaciones judiciales solo fueron remitidas a la Cámara Baja.

Sin embargo, el Ministerio Público ya tiene su propia interpretación respecto de lo que podría pasar.

De acuerdo con la lectura institucional, el desafuero no se extingue ni se sanea por una nueva elección. “El hecho de que candidatos a diputados y/o senadores enfrenten procesos judiciales en curso, con los respectivos desafueros ya aprobados, no impide que la Fiscalía siga la persecución penal de los delitos investigados y no obliga a solicitar nuevamente el desafuero respectivo en caso de ser elegidos, salvo el o los casos que traten de hechos no comprendidos en el desafuero primitivo”, señalaron por escrito desde la Fiscalía Nacional ante una consulta de La Tercera.

Casos

Al margen de estas disquisiciones, Pulgar mantiene firme su candidatura senatorial por el Maule, a pesar de que ya fue desaforado por una antigua denuncia de violación y acoso sexual, que aún sigue en etapa de investigación y no ha sido confirmada en tribunales.

Miguel Ángel Calisto, en tanto, postula en un cupo del partido FREVS al Senado por la Región de Aysén. Contra él se sigue un proceso de desafuero -por el eventual mal uso de asignaciones parlamentarias- que ya fue resuelto por la Corte de Apelaciones de Coyhaique, pero al que apeló ante la Suprema.

Si bien en ambos casos predomina la presunción de inocencia (mientras no sean condenados por tribunales ni acusados formalmente por la Fiscalía), sus postulaciones generan varios problemas.

Al haber un desafuero de por medio, un legislador no puede entrar a la sala ni tomar posesión del cargo. Por lo tanto, ni siquiera podrían comenzar a recibir la dieta ni las asignaciones por su nueva investidura.

No podrían jurar

“La complejidad se daría al momento de querer recibir su investidura y ejercer el cargo, pues de acuerdo con el artículo 5 de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso, un parlamentario requiere jurar en sala, tanto para ser investido como para ejercer el cargo de parlamentario. Esto último no resulta algo meramente inocuo, pues sin investidura, un parlamentario electo no podría siquiera recibir su dieta parlamentaria”, dijo en su momento el académico e investigador asociado de la Facultad de Derecho de Yale, Jorge Barrera.

En este punto coincidió el secretario de la Cámara, Miguel Landeros. “El principio para pagar la dieta es que el parlamentario siempre jure, porque entra en ejercicio. Desde el momento en que se proclama un parlamentario y se convoca a jurar el 11 de marzo, el diputado es solo diputado electo, pero no en ejercicio. Pasa a tener la calidad de ejercicio completo del cargo al minuto de jurar”, dijo a La Tercera semanas atrás.