Tras los recientes incendios registrados en las regiones de Ñuble y Biobío, que dejan hasta el momento 21 víctimas fatales y más de 2.000 viviendas afectadas, desde la Asociación de Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi) cuestionaron lo que consideran como una excesiva burocracia para que los afectados puedan acceder a la ayuda estatal.

Tras expresar su solidaridad con las regiones afectadas, el presidente de la Agorechi, Pablo Silva, indicó que “estamos preocupados porque observamos un exceso de burocracia administrativa para que, ante emergencias, exista una respuesta eficaz y con pertinencia territorial en la toma de decisión”.

“A lo largo de los últimos 5 años, hemos insistido como gobernadores regionales sobre la necesidad de simplificar la tramitación de los recursos en Contraloría, cuestión que debe ser solucionada mediante una Ley impulsada por el gobierno de turno”, agregó.

Por su parte, el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman, detalló que en su región “el consejo regional aprobó por unanimidad un marco presupuestario superior a los $34 mil millones para enfrentar esta emergencia y acelerar la reconstrucción. De ese monto, $2.359 millones corresponden al 2% de emergencia, de uso inmediato”.

Sin embargo, relevó que para que estos recursos lleguen efectivamente a los afectados, “necesitamos que el gobierno concrete con urgencia las transferencias correspondientes. Hoy no es momento de burocracia, es momento de ponernos al servicio de las personas. Más que anuncios, lo que se requiere es rapidez administrativa y decisión para que la ayuda llegue a tiempo”.

A su vez, el gobernador de Ñuble, Óscar Crisóstomo, relevó que “es urgente que el Estado, el Parlamento, la Contraloría y el mundo privado, asuman su rol con la celeridad que la vida de nuestros habitantes exige: no podemos seguir demorando la tramitación de la Ley de Incendios y la Ley de Parcelaciones, ni mucho menos que el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) cumpla cinco años estancado en burocracia”.

Ante esto, hizo “un llamado a las instituciones y a la generosidad del sector privado para agilizar estos trámites ahora, porque la convivencia irregular entre viviendas y forestales nos está costando cientos de vidas y requiere una solución definitiva que no admite más dilaciones”.