El gobierno del Presidente José Antonio Kast informó esta tarde que retiró el veto sustitutivo ingresado en febrero pasado por la administración de Gabriel Boric a la Ley Integral de Personas Mayores, presentado tras la aprobación de la iniciativa en el Congreso.

Así, la norma que busca promover el envejecimiento digno, activo y saludable, quedó en condiciones de ser promulgada, transformándose así en el segundo proyecto en ser despachado a ley desde el pasado 11 de marzo, tras la aprobación esta tarde de la reforma constitucional que incorpora Gendarmería a las fuerzas de seguridad y de orden, quedando bajo dependencia del Ministerio de Seguridad Pública.

La normativa establece 15 derechos orientados a reforzar la dignidad, autonomía, acceso a la justicia y participación plena en la vida social, cultural y comunitaria de las personas mayores, además de promover un envejecimiento digno, activo y saludable.

En este marco, desde el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) relevaron este martes ambos avances, al recordar que el Ejecutivo había otorgado discusión inmediata a la reforma a Gendarmería durante la jornada de del lunes y que, además, esta jornada la Sala del Senado tomó conocimiento del retiro del veto presidencial al proyecto de ley de envejecimiento positivo.

Veto presidencial

Cabe recordar que el pasado 27 de febrero, a menos de dos semanas de terminar su mandato, el gobierno del expresidente Boric ingresó un veto sustitutivo a algunos aspectos de la Ley Integral de Personas Mayores, iniciativa que había sido despachada en enero.

En ese momento, la entonces ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, precisó que el veto apuntaba a los artículos 15 y 29.

“Con respecto al veto, responde a un aspecto puntual del proyecto. La ley no puede precarizar de ninguna manera a quienes busca proteger. Nos parece que el artículo que crea un nuevo contrato del trabajador adulto mayor presenta riesgos que pueden afectar su seguridad laboral, permitiendo, por ejemplo, una ‘libre elección horaria’ que en la práctica implica disponibilidad permanente, o pactos de suspensión sin límites temporales ni causales objetivas, lo que podría dejar a trabajadores mayores sin remuneración, sin cotizaciones y sin indemnización”, detalló.

Asimismo, agregó que “proponemos igualar el ingreso mínimo de las personas mayores de 65 años al del resto de la población adulta, terminando con una discriminación etaria que no se condice con una ley de envejecimiento digno, activo y saludable”.