Este domingo, diputados y senadores de las comisiones de seguridad reaccionaron frente al nuevo reporte que indica que alrededor de 120 mil autos “chutos” ingresan anualmente a Bolivia. La información fue publicada por el medio La Razón, de dicho país.

De acuerdo al medio, las cifras de la Cámara Automotor Boliviana (CAB) apuntan a que en los últimos años ingresaron al país en promedio casi 120.000 autos chutos anualmente. Y que en la actualidad circulan en Bolivia al menos 1,4 millones de esos vehículos.

Cabe recordar que esta noticia surge en medio de las tensiones por los dichos del candidato presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz, quien propuso legalizar los autos robados que ingresan a ese país.

La tensión escaló cuando el candidato vinculó a carabineros con el robo de vehículos. A lo que el general director de Carabineros, Marcelo Araya, salió a defender a la institución uniformada.

Esto se suma a los comentarios de la diputada María Luisa Cordero, quien dijo que “los bolivianos nacieron en el altiplano, señor presidente (de la Cámara), por lo tanto, tienen disminución del oxígeno cerebral. Y eso hace que ellos tengan frases como las que dijo el (candidato a) Presidente”.

Finalmente, el Presidente de Bolivia, Luis Arce, acusó de racismo y anunció acciones diplomáticas tras los dichos de la diputada Cordero.

Impresiones de parlamentarios

Consultados por La Tercera, los diputados y senadores de las comisiones de seguridad rechazaron el alza de los autos “chutos” de Bolivia y emplazaron al gobierno.

El senador y presidente de la comisión de Seguridad Pública, José Pilo Durana (UDI), comentó que “el ingreso ilegal a Bolivia de alrededor de 120 mil automóviles cada año, muchos de los cuales salen desde nuestro propio territorio por pasos fronterizos del norte, refleja con crudeza cómo esa zona se ha transformado en un pasadizo para el crimen organizado y el contrabando".

“Esto no solo debilita nuestra soberanía y fomenta economías ilícitas, sino que también instala un circuito de ilegalidad que golpea con fuerza a las comunidades fronterizas y a los chilenos que cumplen con la ley”, subrayó.

Añadió que “emplazo al Gobierno de Chile a reforzar de manera urgente y efectiva los controles, con más recursos, personal y tecnología, para cerrar esta puerta al delito. Y al mismo tiempo, que exija a las autoridades bolivianas a no normalizar esta situación y que ese país contribuya a ponerle un atajo, porque de lo contrario seguirán consolidándose las redes de contrabando y crimen organizado que operan en ambos lados de la frontera".

“El norte no puede seguir pagando los costos de la inacción. Es hora de actuar con firmeza y coordinación internacional para frenar de una vez por todas este flagelo”, concluyó.

En la misma línea, el diputado Cristián Araya, jefe de la Bancada de Diputados del Partido Republicano y presidente​ de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, sumó que “lo advertimos y hoy las cifras lo confirman: más de 120 mil vehículos ilegales han ingresado a Bolivia en un año, muchos de ellos robados en Chile. La frontera norte se ha convertido en una autopista para el contrabando, dominada por mafias internacionales”.

“El Presidente Boric, con su inacción, se ha transformado en facilitador de estas bandas, que operan con total impunidad, entrando y saliendo del país sin contratiempos. La falta de control y de voluntad política deja a las regiones del norte abandonadas frente al crimen organizado”, expresó Araya.

Agregó que “para peor, el Gobierno ni siquiera ha sido capaz de exigir responsabilidades a Bolivia, que ya actúa como cómplice del contrabando, normalizando un circuito ilícito que golpea la seguridad y la economía de ambos países.

Concluyó diciendo que “Chile necesita un Estado firme en sus fronteras y un gobierno que haga la pega. Lo que hay hoy es indolencia y abandono”.

El senador de la comisión de Seguridad Pública, Kenneth Pugh, apuntó a la propuesta del candidato presidencial de Bolivia, Rodrigo Paz: “Legalizar autos que fueron robados en Chile y luego ingresados ilegalmente a Bolivia es un doble delito. Si el gobierno Boliviano decide unilateralmente una acción de este tipo tipo deberá enfrentar el repudio internacional y las más severas sanciones que nuestro gobierno pueda aplicar".

“Todos los vehículos fabricados en el mundo tienen un sistema de identificación único, el VIN, que es el equivalente a RUT de una persona o sus huellas dactilares y que no debe ser ni borrado ni adulterado, porque destruye la confianza entre países para comerciar o circular con seguridad”, añadió.

Pugh también señaló que “Bolivia tiene a disposición mediante los sistemas de traspaso transfronterizo seguro de datos el acceso a la información que necesita para saber si ese auto “Chuto” fue robado o no. Más interoperabilidad y menos impunidad es lo que le exigimos y demandamos al gobierno boliviano".

Terminó indicando que “no confundamos el ingreso ilegal de un vehículo del que se conoce su dueño original y que solo constituye un tema aduanero, con la receptación internacional de un vehículo robado, en algunos casos con delitos de violencia sobre las personas que los manejaban. Si Bolivia legaliza estos vehículos Chutos robados en Chile es similar a un ‘Secuestro Vehicular de Estado’”.

Por su lado, la diputada de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Lorena Fries (FA), declaró que “se trata de un delito que se viene cometiendo hace muchos años pero que hoy día cobra mayor relevancia puesto que es una forma más, es un tipo de delito más que abona al trabajo de bandas criminales y también por cierto al crimen organizado”.

“El hecho de que tengamos 120.000 autos que pasan la frontera y que luego son comercializados afectando la economía boliviana, afectando el derecho de propiedad de los vecinos y vecinas en el norte que corren riesgo de perder algo que han adquirido con muchos sacrificios”, destacó.

Añadió que “esto llevó en un momento a parlamentarios del Frente Amplio a presentar un proyecto justamente para aumentar las penas de este tipo de vehículos que, o sea, de este tipo de objetos como son los vehículos, justamente porque lo que estábamos viendo es que participaba de delitos mayores como fuente auxiliar para la realización de esos delitos por parte de las bandas criminales".

“Esperamos que ese proyecto tenga alguna viabilidad a través de patrocinarlo el Ejecutivo o ponerle urgencia”, terminó Fries.