Este miércoles, a partir de las 15 horas, en la sala de lectura de la Biblioteca del Congreso, están citados los secretarios de la Cámara y el Senado para exponer sus presupuestos para el próximo año.

La sesión, convocada por la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto, tendrá un tema sensible sobre la mesa: los fondos que recibiría el Presidente Gabriel Boric una vez que deje La Moneda el 11 de marzo de 2026. Estos dineros a los expresidentes se pagan desde el 2000 por la partida del Senado de la República, ya que antiguamente a ellos se les otorgaba la calidad de senadores vitalicios.

En la derecha y también en algunos sectores del oficialismo hay cierta resistencia a que Boric, con 40 años de edad, reciba una pensión de por vida. Son alrededor de $17,6 millones mensuales brutos (calculados por nueve meses para Boric en 2026), que se desglosan en $7,3 millones para una dieta (renta personal) y otros $10,3 millones para financiar oficinas, personal y viajes (asignaciones).

De hecho, en las distintas bancadas de diputados de derecha ya existe una decisión tomada de tratar de reducir al menos las asignaciones (también llamados gastos de secretaría), ya que las dietas no se podrían rechazar al estar amparadas en una norma permanente (la Ley 19.672, que creó “el estatuto de expresidentes”). El problema de esa estrategia es que podrían salir perjudicados también Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Algunos legisladores de Chile Vamos admiten que el caso de Frei es el que más les preocupa, ya que hay acercamientos para lograr que el exmandatario DC le entregue su respaldo a la abanderada de la coalición, Evelyn Matthei. El exjefe de Estado,además, es referente de Demócratas y Amarillos, tiendas políticas que hoy respaldan a la exalcaldesa de Providencia.

Hoy Frei, según los datos de transparencia del Senado, es el exgobernante que más usa estos dineros que se entregan a modo de reembolso luego de una rendición simple. Estos fondos tienen un tope de $1.809.561 para traslados y $8.207.414 para oficinas y personal de apoyo.

Una fórmula que se ha empezado a discutir es que estos dineros se paguen a partir de cierta edad, por ejemplo, a los 65 años, con lo que ya no afectarían a Frei ni a Lagos ni a Bachelet.

Uno de los fundamentos para poner un marco de edad es precisamente restringir que estos dineros de secretaría sean usados para financiar una plataforma electoral por parte de un expresidente joven, como Boric, quien perfectamente podría volver a postularse a La Moneda.

“La posición de mi bancada y mía es que estos (fondos para asignaciones) no puede ir a la Ley de Presupuestos, o sea, la vamos a votar en contra y también, si se da la posibilidad, votar para que sea desde los 65 años”, señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI), quien vislumbra un apoyo transversal a la idea de rebajar estos gastos.

Una fórmula para recortar estos dineros a menores de 65 años incluso tendría votos del PS, del PPD y de Demócratas, colectividades que hoy son las que declaran tener más cercanía con Bachelet, Lagos y Frei.

No obstante, la diputada Camila Flores (RN) cree que lo ideal sería hacer un recorte parejo. A su juicio, eliminar los fondos para el Presidente Boric “puede ser muy positivo”, si ello trae “consigo que se rechace el pago a expresidentes anteriores a él”.

Y agregó: “Para aquellos que creemos que este pago no debiera existir, sería muy importante generar ese cambio en nuestra institucionalidad. Cualquier expresidente, con su trayectoria, con su profesión, tiene la posibilidad de haber reunido los fondos suficientes para tener, una vez jubilado, una vida en dignidad, a diferencia del resto de nuestros compatriotas”.

La lectura de La Moneda

Por su parte, cada vez menos respaldo político tiene el fundamento del Ministerio de Hacienda para tratar de blindar los fondos que recibiría el Presidente Boric una vez que deje La Moneda.

Si bien la dieta de $7,3 millones mensuales brutos (la renta privada) que reciben los expresidentes sí está garantizada en la Constitución, entre los diputados ya hay un convencimiento transversal de que los fondos para pagar oficinas, personal y traslados de los exmandatarios (las llamadas asignaciones) no están asegurados y dependen de la discusión anual de la Ley de Presupuestos.

Esa lectura jurídica, incluso, es compartida por los secretarios de la Cámara, Miguel Landeros, y del Senado, Raúl Guzmán, quienes expusieron en junio pasado ante la Comisión de Constitución, que analizó la fallida reforma constitucional que buscaba regular estos pagos.

En la ocasión, Landeros remarcó que el pago de estas asignaciones “no está en una ley permanente, sino en la Ley de Presupuestos anual, la cual permite al Senado incluir estos beneficios en su ítem de transferencias”, lo que no implica que sea un desembolso ilegal, ya que ambas corporaciones tienen atribuciones para disponer de sus dineros en la medida en que haya holgura fiscal.

Guzmán, por su parte, dijo que el Senado tiene la convicción de que los pagos a expresidentes se han hecho correctamente, “con cargo a recursos establecidos en la Ley de Presupuestos, que además de tener carácter temporal, es una ley especial que permite implementar políticas públicas”.

Ambas interpretaciones echan por tierra la visión del Ejecutivo, que ha sido defendida por la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo (PC), quien planteó que las asignaciones, al igual que las dietas, obedecen a un mandato constitucional y que, por ende, debiesen ser considerados como un gasto permanente que no se puede rechazar en la discusión presupuestaria, de acuerdo a las restricciones que fija la misma Carta Fundamental.