La molestia de Interior con Justicia por el fallido convenio ANI-Sename

22/11/2019 MINISTRO DE JUSTICIA, HERNAN LARRAIN, LORENA RECABARREN Y MINISTRO DEL INTERIOR GONZALO BLUMEL Mario Tellez/La Tercera

Ministro Blumel y el subsecretario Galli decidieron intervenir ante la idea que impulsaba Justicia de dejarlo sin efecto.




Molestia. Eso reconocen en el gobierno que había en el Ministerio del Interior con el ministro de Justicia, Hernán Larraín, y el subsecretario de la cartera, Sebastián Valenzuela. ¿La razón? La manera en que enfrentaron la polémica que se generó a raíz del convenio firmado entre la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y el Servicio Nacional de Menores (Sename), el que permitía facilitar a la ANI el acceso a información que posea el Sename para producir inteligencia.

El acuerdo -suscrito el 21 de febrero- fue revelado el martes de la semana pasada y generó cuestionamientos de distintos sectores, principalmente de la defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, quien incluso interpuso, al día siguiente, un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra del convenio.

A raíz de las críticas es que se encendieron las alarmas en Interior, particularmente las del ministro Gonzalo Blumel y del subsecretario Juan Francisco Galli, quienes decidieron intervenir en el tema.

En el Ejecutivo sostienen que decidieron involucrarse porque Justicia comenzó a impulsar la idea de dejar sin efecto el convenio, poniendo en cuestionamiento, a su juicio, dos aspectos: a la directora del Sename, Susana Tonda, quien firmó el acuerdo, y, en segundo lugar, se estaba poniendo en jaque el rol que le corresponde jugar a la ANI en un escenario en que uno de los objetivos del gobierno es potenciar a este organismo.

En ese sentido, Blumel y Galli, según fuentes del Ejecutivo, se contactaron con sus pares y les transmitieron su postura en la materia y el malestar que había al respecto. Así, de acuerdo a las mismas fuentes, Blumel y Galli hicieron ver a Justicia que no era conveniente solamente disolver el convenio. En ese sentido, comenzaron a analizar los escenarios.

En esos diagnósticos, según las mismas fuentes, se debatieron los aspectos jurídicos y políticos del acuerdo. Respecto de lo primero, la conclusión de Interior era que este era absolutamente legal y público.

De hecho, el propio ministro Blumel defendió, el miércoles pasado, el convenio en un punto de prensa. Ahí, indicó que ese instrumento “era público y conocido, porque estaba en la página de Transparencia del Sename, como corresponde, por lo tanto, no tiene mayor elemento nuevo y se rige por normas muy estrictas de protección de la información”.

En el Ministerio del Interior, según afirman en el gobierno, resienten que Larraín “no jugara en equipo”, en momentos en que, además, la propia Corte de Apelaciones había declarado inadmisible el recurso de protección que presentó la Defensoría de la Niñez. Dentro de los análisis políticos, en tanto, hubo consenso en que, efectivamente, se “interpretó mal” el acuerdo.

En Interior defendían el convenio argumentando que era positivo por varias razones, entre ellas, porque se establecían claramente los fines de la información, se expresaban obligaciones de ambos servicios en relación a la mantención de la confidencialidad de los datos y se determinaban los funcionarios responsables por parte de cada servicio.

Una argumentación compartida en sectores de Chile Vamos. El presidente de RN, Mario Desbordes, por ejemplo, señaló que el convenio solo ordenaba la forma en que la ANI accedía a la información, la que por ley estaba facultada a solicitar.

Pero dado el escenario de críticas que se generó, Interior optó por recomendar a Justicia que se elaborara un protocolo para que la ANI pudiera seguir accediendo a información, lo que finalmente se anunció el lunes por Valenzuela. “Hemos solicitado al Sename, de momento, dejar sin efecto el convenio, pero a cambio (...) elaborar un protocolo de parte del Sename que pueda definir de buena manera los criterios para poder manejar todos los requerimientos de información”, dijo ese día el subsecretario en la Comisión de Constitución de la Cámara.

En Justicia, en tanto, recalcan que la solución al problema fue adoptada de común acuerdo con Interior y que, en ningún caso, se ha cuestionado la legalidad del convenio, sino que hicieron eco de inquietudes de muchos actores.

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