Las salidas comunicacionales de La Moneda en torno a las decisiones sobre el proyecto del cable submarino de China Mobile no han estado del todo alineadas.

Primero hubo contradicciones sobre el estado de avance, y ahora, tras conocerse que el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, firmó un decreto para visar la iniciativa el 27 de enero -que fue anulado dos días después-, también aparecen versiones que chocan entre ellas.

Las gestiones a favor de dicho proyecto resultó en un golpe a Chile del gobierno de Donald Trump, que aludió a riesgos en materia de ciberseguridad. La iniciativa, además, competiría directamente por la transmisión de datos con el cableado submarino que ya fue adjudicado a la empresa norteamericana Google.

La arremetida fue directamente hacia Muñoz; el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya (PC), y el jefe de gabinete de éste, Guillermo Petersen, a quienes se les retiraron sus visas.

Estados Unidos justificó la sanción al señalar que los funcionarios “a sabiendas, dirigieron, autorizaron, financiaron, prestaron un apoyo significativo y/o llevaron a cabo actividades que comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio".

Con la nueva información sobre la firma del decreto, dada a conocer este martes por El Mercurio, el Ejecutivo salió a explicar las revisiones de antecedentes y el momento en que se decidió poner en pausa la iniciativa del gigante asiático.

También se supo que Muñoz se reunió el 2 de febrero con el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd. Según dijo el ministro de Transportes a La Tercera, en esa cita el diplomático le advirtió que la Casa Blanca podría tomar medidas contra Chile si se avanzaba en el proyecto. El norteamericano también sostuvo encuentros con otras autoridades.

Versión de Elizalde

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, dijo en diálogo con radio Duna que “esto está en una etapa inicial, ¿por qué se ha dicho así?, porque son 13 las etapas que tiene que cumplir un proyecto de esta naturaleza”.

“En lo que se refiere a la concesión de servicio intermedio de telecomunicaciones que realiza la Subsecretaría de Telecomunicaciones, es la primera etapa. Después vienen las 13 etapas (...) de las cuales la primera es esta, en eso hemos sido explícitos”, remarcó.

De acuerdo al titular de Interior, Muñoz “fue explícito al señalar que esto estaba en etapa de estudio, porque es precisamente la etapa en que se encuentra. Porque un acto administrativo se consolida, por ser un decreto exento, desde el momento en que se toma razón por la Contraloría, y esto ni siquiera se envió a la Contraloría”.

Y luego agregó: “Lo que el ministro estableció fue que se tuvieran antecedentes adicionales sobre la base de la información que se le había proporcionado, y de hecho, la decisión es antes... eso es lo que el ministro ha señalado... es antes de que se reuniera con el embajador de Estados Unidos, a propósito de una reunión que había tenido con un asesor de su ministerio”.

Dichos de Lobos

Una versión con matices es la que entregó también este martes la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

Según explicó en conversación con radio Pauta, Muñoz “tuvo una audiencia con el embajador de Estados Unidos quien levantó algunas preocupaciones y a raíz de eso el ministro decidió hacer una revisión más exhaustiva respecto de los antecedentes”.

Además, añadió que “está una decisión que tiene que tomarse en su mérito con todos los antecedentes sobre la mesa”, a la vez que apuntó que también se ha planteado el tema de los ciberataques por lo que se han trasladado los antecedentes a la agencia de ciberseguridad.