A pocas semanas del fin del período presidencial de Gabriel Boric, en enero pasado, el diputado Daniel Manouchehri (PS), hoy convertido en el principal escollo parlamentario de La Moneda, presentó dentro de la ley de reajuste del sector público, una sorpresiva indicación para someter obligatoriamente a varias autoridades a exámenes de drogas periódicos.

La jugada le arrebataba inesperadamente una bandera a la UDI que sistemáticamente, con el fin de emplazar al PC y al Frente Amplio y a la administración de Boric, había presentado enmiendas en leyes del Presupuesto para obligar a ministros, subsecretarios y parlamentarios a realizarse estos controles, bajo la suposición de que en la izquierda hay más tolerancia para el consumo de ciertas sustancias, en especial la marihuana (cannabis).

En esos momentos, José Antonio Kast ya era presidente electo, y la propuesta de Manouchehri, firmada además por los diputados Luis Cuello (PC), Juan Santana (PS), Leonardo Soto (PS, hoy exparlamentario) y Daniella Cicardini (PS, actual senadora), fue apoyada transversalmente ya que iba en línea con lo que la misma derecha había propuesto.

La redacción de la indicación, sin embargo, iba más allá. Exigía el examen “al momento de asumir”, además de la obligación de difundir los resultados.

“Todos los ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, secretarios regionales ministeriales y jefes de servicio al momento de asumir su cargo deberán someterse a un examen de consumo de sustancias o drogas estupefacientes o sicotrópicas ilegales, examen que deberán repetirse al menos 2 veces al año, luego de asumido su cargo. El examen deberá realizarse a través de una muestra biológica de pelo y sus resultados serán públicos”, decía la norma que fue aprobada sin mayor reparo por la Cámara y el Senado.

Con ello, el examen obligatorio se transformó en una ley permanente, al margen de que el reajuste del sector público se discuta todos los años. Esto, porque si los artículos misceláneos (que abordan otras materias no relacionadas) no son modificados por otra ley en el futuro, rigen mientras exista la República.

En el papel, para los colaboradores de Kast no era problema. Voluntariamente se sometieron a otro examen de drogas antes de asumir.

El problema es que producto del vértigo de la instalación del gobierno, las nuevas autoridades no se percataron del detalle de que debían someterse a este test obligatorio “al asumir” y luego publicar sus antecedentes.

Ese es precisamente el problema de las llamadas leyes misceláneas, como la anual ley de reajuste, que incluyen tantas normas diversas en un paquete, que el título no refleja el contenido de las disposiciones y eso aumenta el riesgo de que fácilmente queden en el olvido o en el descuido.

Ministros en falta

Conscientes de esa letra chica y al ver que pasaban los días de la nueva administración, Manouchehri, Cicardini y Santana recurrieron a la Contraloría para acusar que los ministros y otros colaboradores de Kast ya estaban en falta por no hacerse el test luego del traspaso de mando.

El Ejecutivo acusó recibo del golpe. Al día siguiente, el 8 de abril, el Presidente Kast, quien no está dentro de los obligados, se sometió a un examen de pelo voluntario y anunció un proyecto para regular el tema de mejor forma.

Los ministros, por su parte, tuvieron que salir a dar explicaciones de por qué no se habían hecho este nuevo control. Razones de financiamiento y la ausencia de un reglamento estaban dentro de las excusas.

El problema es que el requerimiento ya está en curso y ahora depende de la contralora Dorothy Pérez si instruye o no sumarios.

Primera dama y banquete en la mira

La semana antepasada también la misma Contraloría había acogido otra presentación de Manouchehri que a ojos de la misma izquierda parecía descabellada: una denuncia contra la primera dama, Pía Adriasola, por haber servido el almuerzo a funcionarios de La Moneda sin protecciones ni cumplir el reglamento sanitario en la manipulación de alimentos.

El hecho irritó al propio Presidente Kast, quien, en una entrevista en La Tercera sin mencionar al diputado socialista, dijo que “entiendo el rol de la oposición, pero les pido que entiendan cuál es el deber para con Chile. Si alguien opta por fiscalizar, entiendo que para servir un plato de comida en un casino público uno tiene que cumplir ciertas normas, pero de ahí a escalar eso a un hecho político, hay una gran distancia”.

Pese a ello, por orden de Dorothy Pérez, el pasado 2 de abril, la División de Fiscalización del Departamento de Salud de la Contraloría ofició al director administrativo de la Presidencia de la República, para solicitarle que aclare eventuales incumplimientos en el servicio de comidas.

No conforme con ello, el legislador socialista también envió una solicitud a la seremi de Salud Metropolitana para que disponga “una fiscalización sanitaria a propósito de actividades vinculadas a la manipulación de alimentos en el casino del Palacio de La Moneda”.

Y no solo eso. La misma semana antepasada, la contralora también dio 10 días al Ejecutivo para responder otra denuncia de Manouchehri por la contratación de “Sofía Jottar Banquetería” para la celebración del 11 de marzo en el palacio de gobierno, debido a que la empresaria estaría inhabilitada de participar del sistema de compras públicas por tener deudas previsionales. Junto con ello, el legislador pidió aclarar montos y justificar el uso de dinero fiscal en comida y en la “barra libre” para invitados.

Jugadas legislativas

En el plano legislativo, Manouchehri ha sido el opositor más activo en el uso de resquicios reglamentarios de la Cámara para complicar los planes del gobierno. En dos ocasiones trató sin éxito de cambiar de comisiones proyectos gubernamentales, entre ellos la ley que atenuaba el alza de la parafina y la iniciativa que endurece medidas por la violencia escolar.

En los primeros días, además, le impidió la entrada a la sala al subsecretario de Justicia, Luis Silva, maniobra que la derecha y la izquierda también hacían en el pasado, simplemente para molestar al Ejecutivo.

Dado el perfil que había desarrollado en el período pasado, la derecha se negó rotundamente a que Manouchehri, en representación del PS, tuviera un cupo en la estratégica Comisión de Hacienda. Pese a ello, el diputado socialista igual asiste a las sesiones para intervenir y presentar indicaciones. La única diferencia es que no tiene derecho a voto en la instancia.

Uno de sus principales golpes en esa comisión fue haber diseñado una estrategia, junto a los diputados del Frente Amplio Gael Yeomans y Jorge Brito, para torpedear el proyecto de combustibles. Al detectar que el artículo 4° de la iniciativa no consideraba a las pymes, el argumento de Manouchehri, Brito y Yeomans sirvió para que la oposición unificara posturas en contra del texto presidencial, el cual, a duras penas, logró ser salvado gracias a negociaciones de última hora desplegadas por el ministro del Interior, Claudio Alvarado (UDI), con el PPD y la DC.