Un borrador de un proyecto de ley de nueve páginas que busca modernizar el Congreso le entregó el fin de semana el presidente del Senado, Manuel José Ossandón (RN), a la ministra secretaria general de la Presidencia, Macarena Lobos.

La iniciativa, que necesariamente requiere de patrocinio del Presidente Gabriel Boric, es parte de una de las metas que se impuso Ossandón al llegar a la testera de la Cámara Alta.

Su objetivo es crear una nueva planta de personal con un nuevo límite a las remuneraciones de funcionarios del Poder Legislativo (Senado, Cámara y Biblioteca del Congreso), que en algunos casos superan las dietas que reciben parlamentarios y los ingresos del propio Presidente de la República.

Actualmente la renta bruta del Gabriel Boric, por ejemplo, asciende a $7.033.974, mientras que el ingreso bruto (dieta) de un senador son $7.348.983.

Si bien a partir de marzo esta escala será ajustada al alza (de acuerdo a una resolución del 2024 del comité externo que fija las remuneraciones de autoridades desde el 2020), se mantendrá un desequilibrio con funcionarios subalternos que ganan más que sus superiores, algunos de ellos elegidos.

A modo de muestra, el borrador del proyecto de Ossandón expone que hay profesionales del Congreso que, sin ostentar necesariamente un rango jerárquico, tienen una renta bruta de $8,4 millones. Por su parte, ciertas jefaturas de la corporación superan los $11 millones, mientras que directivos, especialmente secretarios de comisión, pueden llegar a los $17 millones brutos.

Según señala el presidente del Senado en su texto, esta situación se debería a que, décadas atrás, la Comisión de Régimen -instancia integrada por las bancadas y el titular de la corporación para supervisar el manejo administrativo- otorgó bonos especiales, que con el tiempo se convirtieron en derechos laborales adquiridos. Por ende, ya no se pueden eliminar.

“Este sistema de fijación de remuneraciones se ha complejizado en la medida en que, durante años, la Comisión de Régimen Interior del Congreso ha instaurado a través de acuerdos, bonos, asignaciones y beneficios que no existen en otra institución pública. Tal es el caso de la asignación de diferencia de grado superior o quinquenio (cada 5 años), el bono denominado ‘julio’, que se paga en aquel mes, y el bono ‘diciembre’, que se paga por Navidad”, dice el borrador.

“Existen remuneraciones dentro de estos organismos que superan ampliamente la remuneración que, a partir de 2026, percibirán el Presidente de la República así como los presidentes de ambas Cámaras del Congreso, quienes son las máximas autoridades del país según el orden de prelación”, añade el documento, que recuerda que la comisión externa, que fija las rentas para los principales cargos del Estado, recomendó que las remuneraciones de funcionarios no debieran superar el 90% del ingreso de la autoridad a la que prestan colaboración.

Para enfrentar esta problemática, Ossandón propone que los funcionarios de los llamados “supersueldos” pasen a una planta de extinción, cuyas vacantes, en la medida en que renuncien, jubilen o fallezcan, no sean reemplazadas. A cambio, los cupos en la administración del Congreso se llenarían con una nueva planta de personal, cuyas remuneraciones se enmarcarían dentro de los criterios de austeridad.

Sin embargo, la causa de Ossandón ha encontrado cierta resistencia. De partida hay dudas entre otros senadores de que pueda avanzar antes de que culmine su mandato como titular de la Cámara Alta. Reparos similares tienen algunas organizaciones de funcionarios.

Los diputados, por su parte, que tenían que nombrar a un grupo de representantes para conformar una comisión bicameral que analizaría esta reforma para los “supersueldos”, acordaron postergar esa decisión hasta después de las elecciones parlamentarias, lo que generó la molestia de Ossandón.

El presidente del Senado, además, sufrió un revés el martes de la semana pasada, luego de que por por petición del jefe de bancada del PS, Juan Luis Castro, no se pudiera votar un cambio al reglamento -que es complementario a su reforma- para evitar que la Comisión de Régimen pueda entregar arbitrariamente bonos a funcionarios. Si bien, además, había una ausencia masiva en la sala, ya que varios senadores estaban participando paralelamente en la comisión mixta de Presupuesto, el hecho disgustó al senador de RN, quien dio por terminada la sesión por falta de quórum.

Al presentarle el proyecto de ley al gobierno, la apuesta de Ossandón es materializar el aval de Boric para forzar a que el Congreso se allane a legislar. Debido a que esta reforma altera un servicio público e irroga gastos fiscales, necesariamente debe ser enviada por el Ejecutivo.

El mismo presidente del Senado, de hecho, ya se había reunido con el Primer Mandatario en La Moneda el pasado 14 de julio, ocasión en la que Boric le habría dado su visto bueno.