Un compromiso suscrito entre el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro (RN), y el mandamás de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (radical), fijó el timing de la tramitación del proyecto que establece la multa para ciudadanos chilenos que no concurran a las urnas a sufragar.

El diseño del timonel de la Corporación responde a la arremetida que activó, en representación de la oposición, para tener despachada la iniciativa antes de las elecciones de noviembre.

Por lo mismo, Oyarzo debió suscribir el acuerdo en la comisión que preside para establecer un calendario de sesiones. En ese sentido, aunque la diputada Claudia Mix (FA) mostró cierta resistencia, dicha instancia parlamentaria acordó por unanimidad que existieran dos sesiones para debatir -el 5 y el 12 de agosto- y, en esta última jornada, votar el proyecto en particular.

Sin embargo, pese a lo expedito que podría ser este trámite, en el oficialismo preparan una serie de indicaciones para incorporar en el texto. Aunque estas observaciones aún no han sido ingresadas formalmente, en el debate en la sala, el pasado 14 de julio, algunos legisladores de ese sector dieron pistas del contenido que podrían presentar.

Así, por ejemplo, el diputado Luis Cuello (PC) sostuvo que la sanción de la multa -fijada entre $ 34.000 y $ 205.000- es “bastante elevada”.

Junto con ello, el representante por Valparaíso adelantó dos observaciones más. Por un lado, sostuvo que “hay que abrir un debate” respecto del principio de reciprocidad, es decir, que el extranjero pueda votar en la elección presidencial de Chile siempre y cuando en el país de esa persona, un chileno también lo pueda hacer.

Además, Cuello hizo el punto respecto del procedimiento para hacer efectiva la multa. “Mientras no pensemos en qué tribunal es competente para poder establecer una sanción por no votar, creo que carece de sentido que hoy día establezcamos una multa tan elevada porque significa una dificultad enormes para ser notificadas”, aseguró en el debate en sala.

Consultado por este medio, el diputado Oyarzo adelantó que ingresará una indicación que eleve los años de avecindamiento del extranjero para que pueda votar: pasar de 5 a 10 años.

La diputada Mix, en tanto, agregó que “no corresponde sancionar con multas a quienes no voten. Tal vez sería más razonable reducir o acotar la sanción que ya fue aprobada, buscando una salida democrática y justa”.

Desde la oposición, por su parte, apuestan porque el proyecto se despache tal como está, sin hacerle cambios.

La autora de la iniciativa, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), sostuvo que “el proyecto debe salir sin obstáculos”, apuntando a que debe ser “lo más fácil en su implementación”.

Respecto a las indicaciones que ingresará el oficialismo, Pérez señaló que “mientras esa indicación no vaya al fondo, en cuanto a limitar lo que ya está en la reforma constitucional, solamente quedaría habilitar la multa”.

“Nosotros en eso no nos vamos a mover, no estamos disponibles para abrirnos, hoy día no tiene nada que ver los extranjeros”, sentenció la diputada.

Tramitación exprés

El hecho de que la moción se despache en dos semanas ha generado cierta resistencia entre algunos legisladores.

La primera que expuso las dudas fue la diputada Mix, quien manifestó reparos a la propuesta de calendario que hizo Oyarzo a la Comisión de Gobierno Interior.

Desde el gobierno, incluso, apostaban por llevar la negociación al Senado y, así, ganar tiempo en la discusión legislativa.

Si se hubiera rechazado la idea de legislar, se abría una intensa discusión jurídica de si la iniciativa que establece la multa podría volver a discutirse dentro de un año, según una restricción legislativa que establece la Carta Fundamental.

Ello le daba al Ejecutivo una nueva herramienta en la negociación, cuya apuesta era aprovechar este debate para restringir con más medidas el voto de los extranjeros.

Sin embargo, desde la oposición desdramatizan el timing. La diputada Pérez, por ejemplo, señaló que dos semanas no implican, necesariamente, dos sesiones, pues se puede invocar a una sesión especial, o bien discutir la iniciativa hasta total despacho.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI), en tanto, añadió que en la comisión únicamente se deben aprobar o rechazar las indicaciones que se hicieron.

Por lo tanto, agregó el gremialista, “no debería tener la extensión una o dos comisiones para efectos de su votación”, confiando en que en dicho espacio legislativo debiesen tener los votos para despachar la iniciativa “rápidamente”.