Durante el 56° período legislativo del Congreso Nacional, que inició el 11 de marzo del 2022, cuatro han sido los diputados a los que la justicia les quitó su fuero parlamentario para enfrentar causas judiciales en su contra.

Sin embargo, el número podría aumentar a seis diputados en las próximas semanas.

Esto, luego de la solicitud realizada por el Ministerio Público en contra de Miguel Ángel Calisto y Joaquín Lavín León, ambos indagados por el delito de fraude al Fisco y el último, además por asociación ilícita.

De acuerdo a la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN), el fuero parlamentario “es un beneficio de índole puramente procesal que permite que un diputado o senador, desde el día de su elección, designación o incorporación, no pueda ser procesado o privado instantáneamente de su libertad, sin que antes exista un pronunciamiento de la Corte de Apelaciones respectiva, a menos que se trate de un delito flagrante (...) Esta institución tiene como propósito evitar la alteración de la composición de las cámaras mediante una simple acción judicial".

2025

La última diputada desaforada, fue la exmilitante del Frente Amplio (FA) Catalina Pérez, luego de conocerse sus vínculos con la ONG Democracia Viva, la que se habría adjudicado millonarios fondos para trabajo territorial.

La parlamentaria es investigada por tres delitos de fraude al fisco y en febrero pasado perdió sus potestades parlamentarias, debido a la solicitud presentada por el Ministerio Público.

La fundación recibió cerca de $ 426 millones desde la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Vivienda, cuando era liderada por Carlos Contreras, en ese entonces militante del desaparecido partido Revolución Democrática (RD) donde también militaba Pérez.

Democracia Viva, en tanto, era liderada por otro RD, la ahora expareja de Pérez, Daniel Andrade, quien actualmente se mantiene con la cautelar de arresto domiciliario total.

Contreras, en tanto, es el único de los implicados que sigue en prisión preventiva por este hecho.

El 12 de mayo pasado, Catalina Pérez fue formalizada en el Juzgado de Garantía de Antofagasta y se decretaron las medidas cautelares de arraigo nacional y arresto domiciliario total, los que se mantienen vigentes.

2024

El octubre del año pasado, otro legislador fue desaforado. Se trata del diputado independiente Francisco Pulgar, quien fue acusado del delito de violación reiterada y abuso sexual a menor de 14 años, por lo que desde el 16 de diciembre no se presenta en la sala de la Cámara de Diputados.

Debido a lo anterior, Pulgar incluso se declaró “preso político” y en febrero pasado inició una huelga de hambre, acusando “falta de justicia y de objetividad” en la investigación en su contra.

La investigación penal en su contra le valió estar en prisión preventiva, sin embargo, a inicios de junio, el Juzgado de Garantía de Talca acogió los argumentos de la defensa y le otorgó una medida cautelar menos gravosa, como el arresto domiciliario total, mientras espera que se realice el juicio oral en su contra.

El diputado Mauricio Ojeda (ex republicano) también enfrentó a la Corte de Apelaciones de Temuco, el 22 de julio de 2024, siendo desaforado.

El congresista está acusado en el marco del denominado Caso Convenios, en donde el Ministerio Público le imputa el delito de fraude al fisco reiterado. Específicamente en la arista Manicure, donde se produjo un traspaso irregular de más de $ 730 millones de pesos desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.

Ojeda, incluso, fue declarado “un peligro para la seguridad de la sociedad” y a inicios de 2025 fue privado de libertad, sin embargo, a inicios de mes, se modificó la cautelar por arresto domiciliario total y arraigo nacional, además del pago de una caución de $ 40 millones.

Con todo y tras dos días libre, el pasado 8 de junio, Ojeda volvió a la cárcel.

2023

Dentro del actual período legislativo, quien debió sortear primeramente un proceso de desafuero fue la diputada María Luisa Cordero, quien es independiente ligada a la bancada de Renovación Nacional (RN).

El 8 de junio de 2023, la Corte de Apelaciones de Santiago acogió la solicitud presentada en contra de Cordero. Esto, luego de que la senadora Fabiola Campillai se querellara en su contra por el delito de injurias graves con publicidad, tras cuestionar la ceguera de la parlamentaria.

El caso terminó en enero de 2024, cuando Cordero ofreció disculpas públicas a la víctima del impacto de una bomba lacrimógena lanzada por un carabinero en su rostro, lo que le generó perder la visión y los sentidos del olfato y el gusto.

“Yo María Luisa Cordero Velásquez, ofrezco disculpas públicas por el daño causado a la senadora Fabiola Andrea Campillai Rojas por mis declaraciones en las cuales he cuestionado su ceguera (...) quiero señalar que no debí referirme a su discapacidad visual, ya que soy médico psiquiatra y también por ser diputada sé que influí en la opinión de muchas personas para que cuestionaran su ceguera, ocasionando daño a su dignidad como víctima de violaciones a los Derechos Humanos”, fueron sus palabras, las que si bien fueron “aceptadas”, no fueron creíbles para Campillai.

Con todo, Cordero ya recuperó su fuero parlamentario y puede participar con voz y voto dentro de las discusiones parlamentarias.