Senado niega otra vez informes de asesorías externas y Chile Transparente analiza recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH.

Por unanimidad se rechazó en la Comisión de Ética del Senado la solicitud que hizo Chile Transparente en mayo de 2018 para conocer todos los informes de asesorías externas encargados por los senadores desde septiembre a diciembre de 2015.

Ante eso, el director ejecutivo de la entidad requirente, Alberto Precht, señaló a La Tercera que existe la intención de llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su solicitud.

"Vamos a analizar con nuestro directorio el recurrir de protección porque consideramos que acá hay una vulneración a nuestro derecho a la libertad de expresión, que contiene derecho a saber. Y también estamos analizando recurrir a la corte Interamericana de Derechos Humanos porque consideramos que el Estado de Chile, en este caso, está incumpliendo la convención de Derechos Humanos y por otra parte, el fallo que condenó al Estado de Chile al acceso a la información", dice Precht.

La petición de Chile Transparente se hizo luego de que el Senado se negara en una primera instancia a entregar a ese organismo una solicitud de información que contemplaba un periodo más amplio, habiéndose incluso resistido previamente a liberar esos antecedentes a la Fiscalía Oriente, donde radica una investigación por eventual fraude al Fisco en torno dichas asignaciones.

Finalmente, luego de dos meses de ingresada la apelación, la comisión calificó como "no ha lugar" la solicitud de información, argumentando su decisión, principalmente, en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, el que establece las causales de secreto o reserva. "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales", dice la norma.

Con todo, la resolución establece que por regla general los informes de asesorías externas son de carácter público, a excepción de los que puedan ser calificados como "reservados" en virtud del artículo 8 de la Constitución Política, la Ley Orgánica Constitucional del Congreso y el citado artículo 21, además del 22, de la Ley de Transparencia.

Así, no podrán ser publicados informes cuya publicidad afecten la seguridad nacional, afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido o se traten de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política.

El presidente de la Comisión de Ética, José García Ruminot (RN), explicó la resolución de la instancia. "Por qué se rechaza la solicitud en circunstancias en que estamos, por otro lado señalando de que son públicas: única y exclusivamente porque se trata de una petición de carácter genérico. Y la propia ley señala que las peticiones no pueden tener ese carácter, tienen que ser caso a caso, tienen que ser individualizadas expresamente".