“Me he sentido cuestionada”, admite la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, quien ha tenido un complejo desembarco en la cartera, cuyo manejo generaba quizás las expectativas más altas respecto del gobierno de José Antonio Kast. A pesar de ello, la secretaria de Estado asegura estar trabajando y -aunque los resultados de su gestión aún no se han desplegado- compromete un desenlace positivo para fin de año.

La promesa de campaña del hoy Presidente Kast fue ambiciosa en materia de seguridad: mano dura contra la delincuencia, control territorial, combate al crimen organizado. La sensación, sin embargo, es que se está en deuda. ¿Qué se ha hecho en estos casi dos meses de trabajo?

Entiendo esta ansiedad de la ciudadanía, pero tenemos un plan. Hay tres ejes estratégicos y uno de ellos es retomar el control de las calles, en sentido amplio. Es decir, de las rutas, fronteras, comunas, plazas, puertos, cárceles, para enfrentar el crimen organizado. Esto se ha hecho de manera concreta, con operativos que se han realizado desde el primer momento coordinados por el Ministerio de Seguridad. Aquí no se trata solamente de la detención de personas, sino que también de la incautación de drogas, armas y vehículos que estaban robados. Hay que retomar el control del territorio, de la calle, del barrio, y que nunca más estas organizaciones criminales estén en esa disputa y que se marque la presencia del Estado. Pero los resultados no van a ser inmediatos.

¿Qué se ha hecho distinto de lo que venía del gobierno anterior?

Muchos han dicho que los operativos ya se hacían. Sí, pero no en la forma en que los estamos diseñando, que es Carabineros trabajando junto a Investigaciones en el caso del norte o en puertos o caletas, con policía marítima y otros actores del Estado, como Senda o servicios de salud. Estamos abordando el fenómeno criminal en su conjunto. Y eso ya es una diferencia. Otro eje es el que tiene que ver con la eficiencia y la eficacia de las policías. En esa línea están los anuncios que hizo el presidente de mejorar la formación. El día de hoy, cuando ingresan a la escuela de formación ganan en promedio $ 80.000 aproximadamente. Queremos incentivar a retomar esta carrera y que los jóvenes se postulen a Carabineros de Chile. Habrá novedades en un proyecto en las próximas dos semanas para subir a más del doble sus ingresos, con cambios a la malla curricular. Pienso que en cuatro años debiéramos tener el doble de carabineros, es decir 90 mil.

Quienes saben de este tema sostienen que en el corto plazo las políticas públicas en seguridad no generan resultados en el corto plazo. El tema es que la promesa de campaña fue otra: cambios rápidos. ¿Hubo un mal manejo de expectativas?

No creo que sea un mal manejo de expectativas. Un cambio rápido es un sentir muy anhelado. Lo que pasa es que la realidad nos demuestra que eso es muy difícil, pero estamos haciendo todo para que sea lo antes posible. Entiendo la ansiedad, la comparto, pero con los pies en la tierra y con sentido común debemos señalar que tenemos estrategia y está siendo implementada.

¿Cuál le parece un plazo razonable para ver resultados en seguridad pública?

Cuando fui fiscal regional de Arica tuvimos una baja, por ejemplo, en la tasa de homicidios después de dos años. En Tarapacá, dos años. Un plazo razonable, diría que por lo menos de aquí a fin de año. La tasa de homicidios la estamos mostrando por Transparencia una vez a la semana.

Hay controversia sobre esa decisión, también. Expertos señalan que se pueden generar distorsiones o acelerar medidas que no sean eficientes. ¿Por qué se opta por ese camino?

El presidente nos solicitó como Ministerio de Seguridad que se transparenten las cifras vayan en aumento o a la baja. Hay que asumir un costo en pos de la transparencia. Estamos en una situación en que los homicidios a la fecha de hoy son menos que los del año pasado hasta la misma época. Pero un homicidio igual impacta a la comunidad. No son solo números, hay familias, realidades, está el entorno que ve esto. Le puedo decir que de aquí a un año espero que tengamos un resultado concreto, pero quizás un homicidio va a marcar la diferencia y va a generar sensación de inseguridad, por eso uno tiene que ir más allá de los números y ver la estrategia también.

¿Cómo se hace cargo de esta sensación de que se va lento en materia de seguridad, pese a que usted destaca que se está trabajando?

Hay un tema que es falta de experiencia y es un error que debo asumir, que es la falta de poder comunicar lo que se está haciendo. Como fiscal llevaba a cabo mi investigación, llevaba a juicio oral y no comunicaba por la sentencia. Acá me ha faltado saber comunicar y transmitir a los medios, a las autoridades, al Congreso, lo que se está haciendo. Por ejemplo, poder transmitir este convenio que se celebró con Estados Unidos, los operativos que se están realizando y los resultados, las modificaciones legales. Bueno, todo lo que hacemos día a día.

¿Acaso no hubo una distorsión entre las expectativas que se generaron y lo que es la vida real, digamos?

No se lo podría decir, no sé. De lo que me puedo hacer cargo es del trabajo que he realizado desde que llegué y el error que yo puedo asumir es ese.

¿Es muy distinta su estrategia en seguridad de lo que existía?

Es diferente. Además de lo de incluir múltiples actores, por ejemplo en los operativos, hay una presencia de la ministra de Seguridad mucho más en terreno. Y eso marca una diferencia importante. El gobierno anterior instaló el Ministerio de Seguridad y eso fue un tremendo desafío, y ya pasada esa etapa, mi visión es marcar presencia en el territorio.

Todo eso podría señalarse como performático, ¿dónde está lo sustantivo?

Es distinto cuando uno está más en terreno que en el escritorio. Uno puede recoger desde primera fuente dónde está la problemática y generar y recuperar los terrenos en forma más inmediata, más eficiente, que es lo que, en definitiva, necesita este país.

En lo legislativo se ha señalado la existencia de sequía. ¿Hay demora en el envío de proyectos?

No, creo que no. Uno no puede mandar una ley simplemente con cuatro ideas, se tiene que hacer un trabajo serio. Lo del juicio oral en ausencia fue analizado, se vio legislación comparada, estadística. Mandamos también las agravantes en cuanto a la responsabilidad penal adolescente, producto de los hechos de Calama. La inversión de la carga de la prueba está siendo analizada por la Secretaría General de Gobierno y después de eso se va a enviar. Volvemos a un tema quizás de ansiedad, pero estamos muy pendientes de poder enviar todas aquellas reformas que fortalezcan tanto a las policías o que den tranquilidad a la comunidad en cuanto a que se está tratando de ver todo aquello que haga más eficiente la persecución penal o que se impongan las penas correspondientes a la gravedad del hecho, como, por ejemplo, lo que son los delitos cometidos al interior de los colegios.

¿Se necesitan penas más altas para castigar los delitos?

No, lo que creo es que en algunos delitos es necesario que no se impongan las penas mínimas. Esa es mi visión. Y lo hacemos a través, por ejemplo, de las agravantes solicitadas en los delitos cometidos al interior de los establecimientos educacionales. A través del juego de atenuantes-agravantes uno puede guiar o dar las herramientas al Ministerio Público, al Poder Judicial, para que las penas no se apliquen en su mínimo. Y hay algunos delitos que quizás hay que evaluar si subir o calificar la pena, pero por ahora entiendo que es importante que en ciertas conductas no esté la posibilidad de aplicarlas en su mínimo, porque el mínimo es muy poco.

La subsecretaria de Prevención del Delito planteó que el gobierno anterior había desarmado moralmente a las policías y que se había minado su sentido de autoridad. ¿Comparte ese criterio?

En algunos casos sí, vimos en alguna época de este país donde se les gritaba a carabineros ciertos improperios, hay personas que utilizan unas poleras inapropiadas. Tuvimos una época muy difícil, donde la autoridad de Carabineros no era respetada. Y, por lo tanto, hay que volver a establecer esas confianzas y respetar la institucionalidad, no solamente de Carabineros, creo que de la Policía de Investigaciones también o cualquier figura de autoridad.

En un enfoque más general, apuesta por una mirada más represiva o más preventiva en el combate a la delincuencia?

Ambas. Creo que no son excluyentes: cometido el delito, las máximas penas.

No se ha expulsado a un solo venezolano en situación irregular en lo que va de este gobierno. También fue tema en la campaña. ¿Por qué ha habido demora?

Como Ministerio de Seguridad nos corresponde todo lo que es anterior a que se concrete la expulsión: a través de investigaciones detectamos quiénes han ingresado de manera irregular, también esto se ve en los operativos que hemos realizado. Luego, administrativamente se ve si esa persona ingresó o no de manera irregular y se le notifica la expulsión. Esa persona tiene un plazo para apelar ante la corte respectiva. Si lo realiza o no lo realiza, bueno, va a depender de la decisión de la corte y finalmente se coordina la expulsión a través del Ministerio del Interior. Sé que ellos han hecho tremendos esfuerzos para concretarlas, Cancillería está viendo el tema con Venezuela. Pero la verdad es que la materialización de eso no es de nuestro ministerio.

Que se les ponga arriba de un avión ya es responsabilidad de otro organismo dice usted…

Sí, pero nosotros estamos en un 100% realizando todas las diligencias.

Su desembarco no ha sido fácil, ¿se ha sentido cuestionada en su gestión?

Cuestionada, sí. Ha habido cuestionamientos. Pero creo que también obedece a una ansiedad de la comunidad, de la ciudadanía, de distintos actores. Y es entendible. Lo único que les digo es déjennos trabajar, lo estamos haciendo, pero los resultados no pueden ser inmediatos.

Volvemos al tema de las expectativas. Cuando aceptó el cargo, tomó en cuenta que la emergencia en seguridad era la más importante. Era evidente que iba a haber altas expectativas y que se tenía que actuar rápido. Se puede enrostrar improvisación o -el tradicional- ‘otra cosa es con guitarra’…

Pude analizar que había una expectativa importante, pero con los pies en la tierra también sé, y con la experiencia que tengo de 20 años de fiscal, que los resultados no iban a ser inmediatos. Lo que sí hay que hacer frente es cómo se comunica eso.

¿Cuánto la golpeó en ese propósito el tema de la solicitud de renuncia a la subdirectora de Inteligencia de la Policía de Investigaciones PDI?

No dejé de trabajar, seguí trabajando. Sentí que en algún minuto, claro, la atención se fue para allá, pero no dejé de trabajar. O sea, tuvimos reuniones, trabajamos muy a la par y muy unidos con el señor (Eduardo) Cerna. Para mí es algo superado y las relaciones con el director, que es lo importante, están en buen pie.

La interrogante es si quedó debilitada su relación con la policía civil…

Para nada. Seguimos trabajando siempre, juntos, muy coordinadamente.

¿No se extralimitó en sus atribuciones?

¿Pero por qué me iba a extralimitar si es una decisión del director?

Como hace pocos meses se había organizado el alto mando de la policía civil, el episodio dejó un gusto extraño, al menos.

Sí, no sé. De hecho, se llegó a decir que había una relación por ahí. Creo que es parte de no conocerme. Quiero pensar eso, que hay desconocimiento de mi trabajo, de mi forma de trabajar y de mi vida entera.

¿Abordó con el Presidente en su minuto todo el enredo con la PDI?

El Presidente supo, yo le conté lo que estaba pasando y él me respaldó. O sea, él entendió que había un tema que él, de hecho, aclaró de cierta forma.